España derrota a los piratas en el Caribe

Mark A. Pizzo, juez del tribunal de distrito de Tampa (Florida), ordenó ayer a la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration Inc. que devuelva antes de diez días a España las 600.000 monedas de oro y plata recuperadas por sus equipos de rescate submarinos y que el Reino de España entiende que eran transportadas por la fragata María de las Mercedes, hundido en 1804 frente a las costas portuguesas.

Odyssey, que bautizó al pecio expoliado como Black Swan (Cisne Negro), anunció que recurrirá el fallo de este juez de origen italiano, apasionado de la historia naval y balandrista aficionado a bordo de un velerito de 6 metros de eslora. El órgano encargado de atender esta demanda será la Corte Suprema Marítima, con base en Norfolk, órgano que ya falló a favor de España en el caso de las fragatas Juno y La Galga de Andalucía, hundidas hace 200 años a lo largo de las costas de Virginia, (EE UU).

El alto tribunal aplicó entonces la ley sobre Inmunidad Soberana de Barcos Extranjeros (FSIA, por sus siglas en inglés) y sentenció que ambos pecios seguían siendo buques de Estado, ya que arbolaban pabellón español, y prohibió cualquier intento de recuperar sus pertenencias. Aquel caso sentó jurisprudencia sobre la cuestión a nivel internacional en una materia poco desarrollada todavía. Estados Unidos está interesado también en preservar su rico patrimonio histórico sumergido en aguas del Caribe y del Pacífico y que sus barcos no sean expoliados de forma impune.

«Una tumba de guerra»

El fallo del juez Pizzo establece ahora que el pecio hispano es «una tumba de guerra» y como tal debe ser respetada. La sentencia es también una llamada de atención a los cazatesoros submarinos. Odyssey Explorer anunció en mayo de 2007 la recuperación de un cargamento de 500.000 monedas de oro y plata (hoy se sabe que son 600.000 piezas). Se trata de reales de a ocho acuñados en Perú entre 1790 y 1803 con las efigies de Carlos III y Carlos IV. En recientes subastas se han pagado hasta 2.000 euros por cada pieza de oro.

Las monedas, que salieron en avión desde Gibraltar a Florida, permanecen bajo custodia judicial en los almacenes de Odyssey. El cargamento pesa 150 toneladas y Odyssey lo valoró en 371 millones de euros. España está representada en el tribunal de Tampa por el abogado James Goold, el mismo que llevó los casos de la Juno y La Galga.

La ministra de Cultura Ángeles González-Sinde se felicitó ayer por la sentencia del juez de Tampa y aseguró que el fallo puede sentar «un precedente muy importante» en la legislación sobre patrimonio histórico sumergido. González-Sinde resaltó que la resolución está escrita desde «el máximo respeto a las personas que perecieron en el naufragio». En este sentido, el almirante Teodoro de Leste, director del Museo Naval de Madrid, demostró con documentos de la Armada que el navío cuya propiedad reclama España formaba parte de la flota de ultramar y estaba al mando de don José de Bustamante, segundo que fue del explorador Malaespina.