Memoria prohibida

E l manto de silencio que ha tendido el Gobierno chino sobre la matanza de Tiananmen, dos décadas después de que la revuelta estudiantil fuera aplastada por el Ejército con un balance de muertos, heridos y desaparecidos aún por concretar oficialmente, refleja que el mero recuerdo de la brutal represión es interpretado por el régimen como una amenaza. El refuerzo de la seguridad ordenado por las autoridades de Pekín para impedir cualquier conato de recuperación, siquiera simbólicamente, de la memoria de los disidentes se ha traducido en un mayor bloqueo de los servicios de Internet, en la censura para las televisiones extranjeras y en el blindaje de la emblemática plaza del centro.

Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con una exhibición de poderío económico, deportivo y político con el que China reivindicaba su lugar entre las grandes potencias mientras lograba amortiguar las protestas de la comunidad internacional por la persistente violación de los derechos humanos, apuntalaron la legitimación de un régimen que si algo asumió tras los sucesos de Tiananmen es que debía impulsar los cambios precisos para asegurarse la continuidad en el poder; y sin que ello haya desembocado en apertura política. La exigencia ahora de la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, para que el Gobierno de Pekín publique los nombres de las víctimas de la represión desplegada en 1989 quiebra una nueva etapa de indiferencia internacional ante la restricción de derechos en el país. El hecho de que los dirigentes chinos hayan sepultado el recuerdo de Tiananmen supone la prueba más elocuente del valor que sigue teniendo la matanza como vara con la que medir la resistencia del régimen a acompañar el desarrollo social y económico de un proceso democratizador.