Cerca de la mitad de los españoles cree ineficaz la lucha contra la corrupción

Los últimos escándalos de corrupción en España han acabado por calar en la opinión pública. La percepción social cada vez más extendida es que las medidas del Gobierno para combatir el cohecho, tanto en los sectores públicos y privados como en las instituciones del Estado, no son las adecuadas.

Cerca de la mitad de los españoles (un 44%) las evalúa como «ineficaces», un porcentaje levemente superior al de la última encuesta publicada en 2007 por la ONG Transparencia Internacional, cuando España formaba parte del selecto club europeo donde los ciudadanos daban una puntuación más alta a sus gobernantes en esta materia.

Este retroceso sobre la visión de la corrupción queda plasmado en el porcentaje de personas que califican las políticas del Gobierno como «eficaces»: ha caído del 51% al 29% en tan sólo dos años, mientras que el grupo que no piensa ni una cosa ni otra ha aumentado de forma espectacular del 6% al 27%.

Resulta curioso que, hace sólo unos meses, Transparencia Internacional hizo público un informe cuya principal conclusión era precisamente la contraria: la opinión pública valoraba la preocupación del Ejecutivo para combatir la corrupción, y ponía el acento en la legislación aprobada en España para luchar contra ella, por ejemplo el Código del Buen Gobierno, el Código Ético de los empleados públicos o la Ley del Suelo.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte la percepción social ha variado. El ámbito de mayor preocupación es el de los ayuntamientos y, dentro de él, la política del suelo y el urbanismo. A partir de 2005 los casos de corrupción urbanística investigados o denunciados se han disparado. «Aunque lógicamente», comentaron entonces los autores del informe, «cuando se empieza a combatir seriamente la corrupción los casos afloran», lo que también influye en la visión de la opinión pública.

Políticos

Entre las instituciones que se perciben más corruptas destacan, por este orden, los partidos políticos (3,6 sobre 5 puntos), la empresa privada (3,5), el poder legislativo y los medios de comunicación (3,1), y los empleados públicos y el Poder Judicial (3 puntos). En todo caso, las evaluaciones son inferiores al promedio de la Unión Europea en su conjunto.

Con respecto al último informe de 2007, la opinión global sobre la presunta presencia del cohecho entre los partidos políticos ha bajado tres décimas, mientras que ha aumentado en la misma medida la referida a la empresa privada. La razón, según Transparencia Internacional, es que España es un ejemplo de Estado de la UE que está cada vez más preocupado por el hecho de que el sector privado está distorsionando las políticas públicas, un fenómeno que se conoce como «secuestro de Estado». Además, la crisis económica hace que crezca la desconfianza en la entidad privada.

La encuesta de la ONG, realizada a partir de 602 entrevistas telefónicas realizadas por Sigma Dos entre el 17 de noviembre y el 29 de diciembre, concluye que sólo el 2% de los españoles admite haber pagado en persona o a través de algún familiar un soborno en los últimos 12 meses.