La Junta Electoral se desentiende de la polémica sobre el avión presidencial

La Junta Electoral Central se desentendió ayer de la polémica sobre el avión Falcon presidencial. Los magistrados acordaron por unanimidad que no son competentes para decirle al presidente del Gobierno si puede o no hacer uso de esa aeronave militar para acudir a actos de campaña del PSOE.

Tras una breve deliberación, los miembros de la junta, todos ellos pertenecientes al Tribunal Supremo, archivaron la denuncia que el PP presentó el fin de semana pasado contra José Luis Rodríguez Zapatero por el supuesto uso fraudulento de un medio de transporte oficial con fines partidistas.

La resolución explica que entrar a analizar «la utilización de medios públicos, atendiendo a razones de seguridad», por parte de Rodríguez Zapatero, tal como pretendían los populares, «comporta elementos de juicio cuya ponderación excede del ámbito de competencias de la Junta Electoral Central». En otras palabras, el tribunal declina enjuiciar o valorar las decisiones que adopta el presidente del Gobierno en el ejercicio de su cargo.

Los magistrados, en la misma resolución, se declaran incompetentes para satisfacer el segundo deseo del PP, que obligase al PSOE a devolver a las arcas públicas todo el dinero que hayan costado los desplazamientos de Rodríguez Zapatero a mítines.

La junta recuerda a los denunciantes que es el Tribunal de Cuentas el único órgano al que corresponde fiscalizar los gastos electorales de los partidos políticos y que, por lo tanto, será este tribunal quien determine en su día, cuando las formaciones le entreguen toda la documentación y facturas sobre la campaña electoral europea, si el PSOE tiene o no que asumir gasto alguno por el uso presidencial del Falcon.

También señalan que la propia ley establece que «los desplazamientos de los candidatos y dirigentes de las formaciones políticas son gasto electoral», pero que será el Tribunal de Cuentas a quien «corresponda calificar» estos hechos «atendidas las particulares circunstancias de cada desplazamiento».

El PP, minutos después de conocer el rechazo de su denuncia, presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que le avisa de forma oficial de que Rodríguez Zapatero ha utilizado un avión militar para acudir a mítines y le pide que, en su día, cuando revise las cuentas de esta campaña, determine si el PSOE ha realizado un «uso indebido» de recursos públicos que rompen la igualdad de armas electoral entre partidos y, en caso afirmativo, que ponga en marcha los mecanismos legales para que los socialistas devuelvan ese dinero a las arcas públicas.

El escrito de los populares recuerda al tribunal que si el PSOE

no incluye en su contabilidad los gastos de desplazamientos electorales de Rodríguez Zapatero, el administrador electoral del partido podría incurrir en varias faltas administrativas y en un delito de falsedad de cuentas, que se castiga con penas de cárcel y multas.

La fiscalización por el Tribunal de Cuentas de los gastos electorales de los partidos políticos lleva un retraso notable. El Congreso aprobó hace sólo dos semanas la auditoria remitida por la institución sobre los gastos de 2005, que incluyen la campaña de las penúltimas elecciones autonómicas vascas. Este importante retraso, unido a la resolución de ayer de la Junta Electoral Central, hace que la polémica de si el presidente puede acudir o no a mítines en un avión oficial, no vaya a ser solventada por tribunal o institución de arbitraje alguno antes de la cita electoral del 7 de junio. Es más que posible que se llegue a las elecciones locales de 2011 y a las generales de 2012 sin que el órgano fiscalizador haya podido calificar las cuentas de los partidos políticos de 2009.

Pese a todo, los partidos no parecen dispuestos a dejar de tirarse a la cabeza el asunto del Falcon. El comité electoral de PSOE emitió un comunicado en el que se regocija de que «el PP ha vuelto a fracasar en su intento de poner a la junta electoral al servicio de sus intereses partidistas».

Ana Botella, concejal madrileña y esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar, negó que su marido utilizase helicópteros oficiales para desplazarse a mítines y que Mariano Rajoy y el ex ministro Federico Trillo también usaran aviones militares para este fin. «Ni Aznar ni Felipe González llevaron a cabo estas prácticas», añadió. José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, alimentó la teoría de que todos los gobiernos han usado aviones oficiales en campañas electorales. «Como ex ministro de Defensa, sé tantas cosas que lo mejor que puedo hacer es no pronunciarme», respondió a los informadores.