Prisión sin fianza para el ex presidente del Cabildo de Lanzarote
El juez manda a prisión a Dimas Martín por un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias
LANZAROTEActualizado:El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias al ex presidente del Cabildo de Lanzarote y presidente honorífico del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín Martín, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.
Estas decisión se han llevado a cabo dentro de la llamada 'operación Unión', que investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla como el de Yaiza, donde también -del mismo modo que pasó en la capital de la isla- tuvieron lugar diferentes registros durante la semana.
El TSJC ha informado de que mañana habrá otras comparecencias de imputados ante el juez, sin precisar de quiénes se trata, recordando que sigue decretado el secreto del sumario.
Cinco imputados en prisión
Durante la jornada de hoy, el juez César Romero Pamparacuatro también ha ordenado el ingreso en prisión del ex edil de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) por un supuesto delito de cohecho. Por el mismo supuesto delito también decretó prisión para el ex primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna (PIL), y el asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo (PIL). Asimismo, el juez ha dejado en libertad en las últimas horas con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos en esta operación, Alfredo Santiago Rodríguez (PIL), trabajador del Patronato de Turismo de la isla, según ha informado el TSJC.
La 'operación Unión', en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.