Registro en Yaiza. / EFE
ESPAÑA

Un empresario y un constructor, nuevos detenidos por la trama de Lanzarote

El juez de la 'operación Unión' les imputa un presunto delito de cohecho

| COLPISA. TENERIFE Actualizado: Guardar
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La segunda fase de la operación Unión, que investiga el supuesto pago de comisiones ilegales en la isla de Lanzarote, dejó ayer nuevas detenciones: el constructor Fermín Curbelo y el empresario Enrique Gómez Ruiz.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informaron que tanto Gómez Ruiz, hijo de una concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como Curbelo, empresario de la constructora Curbelan, están imputados por un presunto delito de cohecho.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife de Lanzarote acordó ayer también prorrogar la detención de Alfredo Rodríguez y de Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote y mano derecha del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín. Ambos supuestamente habrían participado en una transacción de dinero y fueron los primeros detenidos dentro de la investigación abierta.

Después de que el juez decretase el ingreso en prisión incondicional del ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez González, del PSC-PSOE, ayer se supo que el ingeniero Juan Rafael Arrocha Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, quedaba en libertad con cargos, aunque el instructor ha decidido imputarlo por presunta revelación de información privilegiada, dentro de las diligencias abiertas por el Juzgado número 5 de Arrecife.

Entre las dieciocho personas que han sido detenidas o imputadas en el marco de la operación Unión hay cargos públicos municipales, funcionarios, empresarios e intermediarios que participaron en el supuesto cobro ilegal de comisiones.

Agentes del Grupo Especial de la Guardia Civil han realizado registros en despachos y dependencias de los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza, en oficinas, domicilios, así como en distintas empresas promotoras de Lanzarote, donde tienen sus despachos profesionales algunos de los imputados en la causa.