El imperio de la ley de Dios

Hace un mes el Parlamento somalí confió el futuro del país a la sharia. El Gobierno de transición, apoyado sin mucha fortuna por EE UU y la Unión Africana, implementó la ley islámica como último recurso para congraciarse con las milicias integristas que lo acosan. Tan sólo treinta días antes, Asif Alí Zardari, presidente de Pakistán, había permitido su aplicación en el valle de Swat, al noroeste del país, una decisión similar con la que pretendía apaciguar a los talibanes instalados en la zona. En ambos casos, la medida se demostró ineficaz para detener la ofensiva de los más radicales e, incluso, los respectivos conflictos se han intensificado.

Aunque no parece capaz de satisfacer las ambiciones políticas de los fundamentalistas, este conjunto normativo basado en el Corán y los hechos del profeta Mahoma, entre otras fuentes, goza de buen predicamento en las comunidades musulmanas e incide en muchos aspectos, públicos y privados, de la vida cotidiana de sus practicantes. En la mayoría, convive con el sistema legislativo de corte occidental, requerido para la esfera pública contemporánea.

El código se halla vigente, siquiera en sus preceptos de carácter civil, en cerca de un centenar de Estados de África y Asia, aunque la mayor tradición se localice en los países de la península arábiga. Entre sus valedores, algunos resultan tan sorprendentes como Rowan Williams, arzobispo de Canterbury, quien declaró públicamente el pasado año que su introducción en Reino Unido resultaba inevitable si se quería mantener la cohesión social en una comunidad en la que confluyen diversas culturas.

Experiencia sudanesa

La experiencia del precedente sudanés no otorga demasiado crédito a las palabras conciliadoras del prelado inglés. En 1983, el golpista Yaafar al-Numeiri impuso la sharia en un país polarizado entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista. La iniciativa, considerada discriminatoria, revitalizó la larga guerra civil. Hoy, la situación se encuentra en una especie de limbo que puede preludiar la ruptura definitiva si se cumplen los acuerdos de paz que contemplan un referéndum de autodeterminación para la región meridional.

Pero, curiosamente, la expansión última del cuerpo legal no se encuentra relacionada con procesos bélicos, sino con la aparición de nuevos escenarios democráticos en repúblicas de gran importancia geoestratégica. Así, el calamitoso antecedente de Jartum no se puede trasladar a Nigeria, la gran potencia de África Occidental y también víctima de enfrentamientos interconfesionales.

Tras el establecimiento de un régimen de libertades en el umbral del siglo XXI, la estructura federal de este gigantesco mosaico de etnias, religiones e idiomas -más de 500- ha permitido la introducción de tribunales islámicos en doce de sus Estados septentrionales, aquellos donde predomina esta fe.

La estrategia ha constituido una eficaz herramienta política para las autoridades promotoras, que han aludido al descrédito del sistema judicial para asumir la alternativa tradicional y reforzar su poder local, pero también un resorte más para afianzar la autonomía frente al Gobierno, asentado en el sur. Sin embargo, la proyección internacional no resulta tan positiva. La imagen de Safiya Hussaini y Amina Lawal, dos mujeres condenadas a morir lapidadas por incurrir en delito de adulterio, generó campañas reprobatorias y puso en tela de juicio la compatibilidad de la 'sharia' con el respeto a los derechos humanos. La frecuente conculcación de las garantías procesales o la escasa preparación de los letrados también han colocado en entredicho su original ascendiente ético frente al corrupto aparato secular.

Una situación con ciertas similitudes tiene lugar en Indonesia. Sus 200 millones de habitantes lo convierten en el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, aunque se ha dotado de un régimen laico. A finales del pasado siglo, cuando la democracia fue restituida, también afloraron los problemas de este archipiélago, tanto de índole religioso como secesionistas.

Varias regiones aspiraban a la independencia. Timor Oriental obtuvo la emancipación, mientras que la región de Aceh, al norte de la isla de Sumatra, fue pacificada definitivamente en 2003 tras la adopción de un estatuto de autonomía que contemplaba la introducción de la sharia por la presión de una facción radical. La práctica rigurosa ha favorecido el discurso más conservador, el que demanda el uso del hiyab, la vestimenta recatada para las mujeres, e instaura los castigos públicos.

'Tsunami'

Aunque las administraciones locales han impulsado la expansión de la ley religiosa, en ninguna otra provincia ha logrado mayor auge como en la más septentrional, también la que sufrió con mayor rigor el azote del tsunami de finales de 2004. Esta estrategia amenaza la tradicional visión moderada y tolerante de Indonesia y, para los más críticos, supone cierta arabización de las costumbres.

A ese respecto, Arabia Saudí asume la visión estricta de la ley islámica, ya que el Corán goza de rango constitucional. Existen tribunales religiosos, que conviven con los administrativos, una fórmula necesaria para responder a las requisitorias del aparato burocrático. En el plano penal, los delitos más graves, como el asesinato o el tráfico de drogas pueden ser castigados con la muerte por decapitación, la lapidación o la amputación de manos para los culpables de robo.

La horca también es aplicada en Irán, otro país que asumió la sharia tras el éxito de la revolución islámica. Como ocurre en Afganistán, Yemen y Pakistán, se ha convertido en norma de derecho pero también en un manual de conducta que rige la existencia cotidiana de los creyentes, en su vida personal y familiar, tanto en lo cotidiano como en circunstancias excepcionales, tanto aquellas en las que se conculca la ley de la comunidad como en las más privadas, cuando, por ejemplo, se produce el fracaso matrimonial. La ley de Dios siempre tiene una respuesta adecuada.