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Opinion

Prevenir y juzgar

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L a puesta en libertad bajo fianza de 12 de los 13 argelinos detenidos el pasado miércoles en Bilbao por su presunta implicación en tráfico de drogas, robos y blanqueo de dinero, y sobre los que recaía también la sospecha de que se dedicaban a financiar la trama de Al Qaeda del Magreb, suscita cuando menos perplejidad si la comparamos con las acusaciones que han pendido sobre los mismos según la versión que ha circulado sobre su arresto. Al fijar fianzas de entre 3.000 y 5.000 euros, es de suponer que el juez Velasco no ha visto en los doce liberados evidencias de gravedad en su actuación o riesgos de que pudieran evadirse de la acción de la Justicia. Por lo que, una de dos, o el relato que en el mismo momento en que se producían las detenciones fue facilitado a los medios de comunicación desde dentro o desde los aledaños de la Policía Nacional resultaba exagerado, o nuestro sistema de garantías presenta límites infranqueables a la hora de actuar frente a un fenómeno tan escurridizo y cambiante como es la red del terrorismo global. En el pasado hemos podido asistir a ambas situaciones. A episodios en los que las imputaciones públicas e incluso las judiciales han acabado decayendo ante la constatación de que los detenidos no estaban confabulados para atentar, y a casos en los que los requisitos probatorios se han topado con la opacidad de la trama o la difícil tipificación de actividades que contribuían al mantenimiento del terrorismo de raíz islamista.

Especialmente si sobre los detenidos sigue pesando la sospecha de que todo o parte del dinero obtenido ilícitamente pudiera haber servido para financiar el terrorismo que opera en su país de origen y en otros vecinos. La naturaleza imprevisible de éste terrorismo obliga a los responsables de la seguridad de un país como España a tratar de ir por delante de los acontecimientos, atajando en lo posible la eventual constitución de células terroristas. Pero ello en ningún caso puede violentar los principios y procedimientos que definen al Estado de derecho.