El estado de la ciudad

P odemos irnos de fiesta, pero eso no cambiará el panorama. Cádiz vive un momento crucial para su futuro y divisamos más sombras que luces en medio de una atonía generalizada: se prefiere no mirar, por si acaso no gusta lo que se ve. Algunos gobernantes tienen la extraña creencia de que los problemas no existen si no se habla de ellos. Y así nos va.

El Bicentenario de la Constitución de 1812 va camino de convertirse más en un deseo que en una realidad. Y nadie parece querer ni reconocerlo ni remediarlo. Sólo Rafael Román alzó la voz y desde su partido Manuel Chaves y Gaspar Zarrías lo callaron de un plumazo y con malos modos.

Aún faltan dos años y medio, pero ya sabemos que las obras de la plaza de Sevilla y la remodelación de todo su entorno no estarán terminadas; que el hotel Valcarce tampoco abrirá sus puertas como ha reconocido la propiedad; que la rehabilitación del Castillo de San Sebastián se quedará en una limpieza de matojos y poco más para poder celebrar algún concierto y justificar así las promesas; que no tendremos aún el nuevo hospital, ni la Ciudad de la Justicia; ni el perímetro de la Zona Franca estará lleno de empresas blancas y empresas escaparates, ni tendremos gran centro comercial en el antiguo Hiper Cádiz. Pero tendremos rehabilitado el Oratorio.

Todo esto se negará desde los púlpitos y poltronas parlamentarias hasta que llegue el momento de reconocerlo. Y entonces se echarán los trastos a la cabeza y todo se diluirá en un rifirrafe político. Como siempre.

La hora de Cádiz marcha con retraso y por eso llegamos tarde. Esta misma semana se han lamentado los empresarios portuarios de que el plan de ampliación del puerto no ha llegado a tiempo, todo lo contrario, y que Cádiz ha perdido más competitividad aún.

El Bicentenario era una buena excusa para impulsar el desarrollo de Cádiz y una vez más se está desaprovechando. Aún se está a tiempo, no obstante, de poner las bases aunque allá por 2012 la ciudad esté en obras. Qué más da.

Pero para ello la Junta de Andalucía debe tomar una decisión y responder a una pregunta sencilla: ¿apuesta o no por Cádiz? Si es afirmativa debe demostrarlo con hechos, con órdenes para desbloquear todos esos proyectos que permanecen varados en los cajones de las consejerías. El consejero Luis Pizarro tiene la oportunidad de liderar este cambio de rumbo y saldar la deuda que el Gobierno andaluz tiene con Cádiz. Y para ello es preciso un gran pacto institucional por Cádiz y su provincia capaz de desarrollar todo lo que está pendiente, que es mucho, y de integrar no sólo al Ayuntamiento de Cádiz sino a todos los municipios de la Bahía.

El plan de reindustrialización de la Bahía es un fiasco y, sobre todo, un ataque a la inteligencia de los ciudadanos. Aquel plan que presentó el entonces presidente Manuel Chaves no era más que una recopilación de inversiones ya previstas, muchas de las cuales apenas tienen que ver con el desarrollo económico.

No queremos agua, sino pozos. Cádiz no precisa palabras, cursos de formación que sólo entretienen a los parados y promesas industriales; lo que necesita, porque así los dicen los trabajadores y empresarios , son infraestructuras, medios y oportunidades.

Y el Ayuntamiento de Cádiz debe contribuir y también exigir que todo esto ocurra, con lealtad institucional y con firmeza, sin doble lenguaje ni ambigüedades. La Junta de Andalucía no debe ser la excusa con la que justificar todas las carencias y también los errores propios de una gestión municipal.

No tiene mucho sentido obviar la realidad: el desempleo está asfixiando a los gaditanos, la capacidad inversora municipal es cada vez más limitada, así como sus posibilidades de endeudamiento.

Con este panorama es vital aunar esfuerzos y voluntades y dejar al margen los enfrentamientos políticos y partidistas que siempre han caracterizado las relaciones institucionales en esta provincia.