Un debate entre médicos y juristas destaca las contradicciones de la nueva Ley del Aborto

La nueva Ley del Aborto que ahora se tramita podría incurrir en algunas incongruencias que podrían poner en un brete a los jueces y, sobre todo, a los médicos de familia, que se verán con una gran responsabilidad a la hora de interpretar los supuestos que permite la ley y tomar una decisión para cada caso. El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, puso de manifiesto algunas de ellas en una de las mesas del IV Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria que se clausuró ayer en el Hotel Parador después de tres días en los que se han debatido diversos temas.

Aún reconociendo la necesidad de reformar la ley actual, Del Río apuntó que la inseguridad interpretativa, la objeción de conciencia de los médicos y la prevención son algunas cuestiones que podrían continuar sin resolver tal como se deduce de lo establecido en el anteproyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Para él, la base está en saber «cuándo priman los derechos de la madre y cuándo los del nascituru desde criterios constitucionales y científicos». Esto debe hacerse «buscando un equilibrio entre sensibilidades sin hacer política y dejando de lado las pasiones».

En lo referente a la inseguridad interpretativa, el presidente de la Audiencia incidió en los casos en los que se permite abortar por riesgo psíquico de la madre, una condición que también contempla la actual ley de 1985 y a la que se acogen muchas mujeres que desean abortar «como si fuera un cajón de sastre», sobre todo en los centros privados. Y es que la posibilidad de que la mujer sufra daños psicológicos si no interrumpe su embarazo no siempre es fácil de dilucidar y depende en gran medida de la valoración subjetiva del médico. Aludió a muchas situaciones de «fariseísmo» que se han producido y pueden seguir sucediendo.

El magistrado dio especial importancia a la posibilidad de que el feto salga con malformaciones como justificación para interrumpir el embarazo. Aportó el testimonio de minusválidos que han expresado su contrariedad por esta circunstancia, ya que entienden que la discapacidad no puede ser motivo de discriminación. Asociaciones que defienden a este colectivo han afirmado tajantemente que los discapacitados también tienen derecho a nacer, razonamiento para el que se apoyan incluso en documentos aprobados en la ONU.

Otro dilema planteado por el presidente de la Audiencia fueron la protección penal del aborto. Muchos juristas discuten el hecho de que abortar en supuestos contemplados por la ley deje de ser un delito y se les deje al margen del asunto.

Por otro lado, se mostró partidario del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios debido a que la interrupción del embarazo es una prestación que se ofrece en los centros públicos de salud, si bien añadió que sería necesario especificar cómo y quiénes podrían ejercerlo.

Entre los datos expuestos, llama la atención que Holanda, el país europeo con la legislación más permisiva es, sin embargo, el que menos abortos sufre.

En la mesa también estuvo Elisa Vizuete, especialista en Medicina Preventiva, Antonio Hidalgo, médico forense y Mamen Sánchez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, que sustituyó a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

El peligro de una posible privatización de, al menos, parte de los servicios públicos de salud y sus consecuencias negativas fue debatido ayer en la Facultad de Ciencias Económicas de Cádiz en la IX Jornada acerca de Desigualdades Sociales y Salud, que organiza la Asociación para la Defensa de la Salud Pública y declarada de interés científico-sanitario por la consejería de Salud.

Marciano Sánchez, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, expuso las características fundamentales del modelo sanitario privado o externalizado en gran medida. Sánchez hizo especial hincapié en el caso de la Comunidad de Madrid, donde al calor de las ideas liberales su presidenta, Esperanza Aguirre, se está pasando de un sistema público a uno encaminado a lo privado caracterizado por la externalización de servicios y por hospitales concertados.

Tras su ponencia, profesionales de distintas entidades y ramas de la salud iniciaron un coloquio sobre la situación centrado sobre todo en la situación de la salud en nuestro país. Entre los participantes se encontraba el director provincial del SAS, Andrés Rabadán, y el parlamentario andaluz de IU por Cádiz, Ignacio García.

En el debate se criticó la falta de respuesta del Gobierno hacia el modelo que plantea comunidades como Madrid o Valencia y el hecho de que en Andalucía se hayan construido recientemente hospitales concertados o se gestionen centros sanitarios mediante a empresas públicas, algo que fue visto por algunos participantes como un paso en dirección a la privatización.

El caso de Cataluña, con una larga tradición histórica de elementos privados en su sistema de salud pública, también fue objeto de un análisis pormenorizado.

También se abordaron problemas como la atención a los enfermos de fibromialgia, la contestación social generada por la tendencia privatizadora de la sanidad madrileña o la ambigüedad en la que se encuentra el servicio de drogodependencias.

Otras mesas de la jornada analizaron las desigualdades en materia de salud en la Unión Europea y Andalucía, la implantación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad Autónoma y la equidad y la eficiencia en la atención sanitaria en el mundo contemporáneo. Al final de la tarde se procedió a la lectura de las conclusiones de la jornada.