Más cerca del banquillo

La petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, sea juzgado por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que solicita dos años de prisión y 6.000 euros de multa, sitúa al dirigente regional del PP en una delicada posición, cuya gravedad no puede soslayarse ya con las apelaciones al legítimo derecho a la presunción de inocencia. La apertura de la vista oral contra Fabra, sobre el que pesan otras sospechas de actuaciones ilícitas, supondría la presencia en el banquillo de los acusados de un responsable institucional; y su inculpación, no sólo compromete su honorabilidad y la de su partido, sino que afecta a la Diputación que encabeza y a los ciudadanos a los que representa. El descrédito que implica para la institución obliga al acusado y a la dirección popular anteponer el interés general antes que cualquier otro.