El Gobierno advierte a la candidatura de Sastre que se mantendrá «vigilante»

El Gobierno encajó ayer impasible el varapalo del Tribunal Constitucional a sus intenciones sobre Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP). La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió al término del Consejo de Ministros de que las Fuerzas de Seguridad del Estado permanecerán «vigilantes» y que el Ejecutivo «seguirá sin bajar la guardia» para evitar que la ley de partidos sea burlada por la coalición electoral.

No hubo reproches al máximo garante de la Constitución, ni siquiera por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien la decisión afecta más directamente. Él fue uno de los principales defensores de la impugnación de esta lista y había asegurado que existían pruebas suficientes para lograr su anulación. «La Policía y la Guardia Civil hicieron su trabajo y la Justicia ha hecho el suyo; es el funcionamiento del Estado de Derecho», asumió.

El Partido Popular se mostró, en cambio, más disconforme. El hecho de que el Constitucional entienda que no hay datos que permitan afirmar que II-SP es una formación «instrumentalizada» por ETA fue interpretada como «un profundo error» por la portavoz de la formación en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría; el cabeza de lista del partido a las europeas, Jaime Mayor Oreja, sentenció que la decisión del Tribunal no es la «más correcta y adecuada», y la secretaria general, María Dolores Cospedal, acusó incluso al órgano de estar «fuera de la realidad».

Lo cierto es que el Gobierno era consciente del riesgo que asumía al impulsar la suspensión de la candidatura encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre con las pruebas de que disponía. Fuentes del Ejecutivo admiten que el asunto se discutió largamente porque existían serias dudas, jurisprudencia en mano, de que los tribunales fueran a darles la razón.

La Fiscalía también hizo constar al Gobierno sus reticencias a acudir a la sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo. Consideraba que la carga probatoria de los indicios era demasiado débil. Finalmente, tanto el ministerio público como la Abogacía del Estado se decidieron a dar el paso y a presentar la demanda apoyándose en que seis concejales de ANV se habían incorporado como avalistas de la candidatura a última hora para cubrir las bajas de cargos electos del PSOE y del PP de Castilla y León.

El dato bastó para convencer al alto tribunal, aunque por primera vez en un caso de esta índole, no se logró unanimidad. Cinco de los dieciséis magistrados de la sala juzgaron que la mera vinculación de candidatos o avalistas de la coalición a la izquierda 'abertzale' no es razón para prohibir a II-SP concurrir a los comicios. El Constitucional coincide con esta apreciación y en su sentencia señala que únicamente cabe inferir una «identidad ideológica» de II-SP con la izquierda 'abertzale', pero las ideologías no están prohibidas. Tampoco consideró que hubiera vínculos financieros entre la banda terrorista y la lista de Sastre y Doris Benegas.

Preocupación

El estoicismo mostrado en público por la vicepresidenta primera del Gobierno no es óbice para que, en privado, fuentes gubernamentales admitan que el varapalo institucional resulta poco edificante. El temor a un rechazo del Constitucional fue durante toda la legislatura pasada uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para no impugnar la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas al Parlamento vasco en 2005 y para no recurrir un buen número de las de ANV a las municipales de 2007. Los miramientos de entonces, cuando aún sonaban los ecos de la última tregua de ETA, se consideraron en esta ocasión menos relevantes.

Las fuentes consultadas insisten en que no resulta grato que el máximo garante de la Constitución lea la cartilla al Gobierno. Entre otras cosas, porque da pie a que se intente deslegitimar la propia ley de partidos, una norma que PP y PSOE consideran uno de los más importantes instrumentos de la lucha contra el terrorismo, pero que no carece de detractores. Uno de ellos, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, aprovechó de hecho la sentencia para asegurar que el Tribunal ha «impugnado» de facto de la ley. En todo caso, el Gobierno argumenta que lo ocurrido indica también «normalidad democrática». «Había que intentarlo», afirman en Moncloa.

Fernández de la Vega aseguró que pese a todo, el fallo no supone «un retroceso» en el combate contra ETA e insistió en que la actuación del Gobierno «no cambiará en nada». «Actuaremos -prometió- con todos los resortes de la ley».