La defensa de los funcionarios avisa que la justicia arrojará nuevas responsabilidades

Ignacio Quintana, abogado de Clemente R. G., ha asegurado que la defensa «maneja datos que apuntan a otra dirección en las investigaciones; estamos a la espera de cerrar documentos y del levantamiento del sumario para cambiar la visión sobre el asunto». De esta manera, el letrado quiere dejar constancia de la ausencia de pruebas existentes contra, por el momento, los únicos imputados por el presunto robo de 7,9 millones de euros. Una falta de pruebas que se pone de manifiesto en el «informe que se ha realizado desde Intervención y tesorería y que será la justicia la que determine el valor del mismo». Y es que se trata de un documento elaborado por personas con una vinculación laboral a la propia institución que se audita, de modo que en un principio se encuentra inhabilitado para que sirva como fe pública ante los hechos.

Para Quintana está claro que «simplemente el Ayuntamiento no tiene pruebas contra los imputados. Ellos fueron los primeros que alertaron de la falta de dinero de la caja y de que posiblemente alguien se lo hubiera llevado, pero no les hacían caso afirmando que estarían en valores». Uno de los datos que más llaman la atención del abogado defensor es que «han quitado un año de por medio de la auditoría que supuestamente iban hacer. Ya no está el 2003 y se ha incrementado la cifra hasta los 7,9 millones de euros. Se trata de mucho dinero y de un periodo largo de tiempo para que no se diera nadie cuenta. Pero, si la tiene mi cliente pues que lo demuestren». Además añade que «resulta muy raro que desde el primer día la prensa supiera que faltaba más de siete millones y el Consistorio tardara tres semanas en confirmarlo».

Provocación

Por su parte, el portavoz socialista Fernando López Gil tiene muy claro que el informe presentado por el Ayuntamiento representa una «provocación a la ciudadanía y también a la oposición al tratarse de un documento sesgado bajo la voluntad de culpar a los cajeros».

De esta forma, hacía referencia a la falta de consistencia del documento ante la ausencia de datos por «deducciones sin aportar ningún tipo de prueba». Entre los datos que no se explican los socialistas se encuentra un acta firmada por el alcalde, Manuel María de Bernardo, en junio de 2007, mes en el que se realizó su toma de investidura, que hacía alusión a que en la caja sólo había 7.000 euros. Sin embargo, seis meses después en la liquidación del presupuesto aparecían 5,7 millones de euros en la caja y en la anterior liquidación, diciembre de 2006, se recogía que en la caja existían cerca 3,4 millones de euros; y a pesar de ello «nadie se dio cuenta de esta fluctuación de cantidades, lo que parece muy raro. Por ello consideramos que ya sea por acción u omisión hay más responsables administrativos y políticos, independientemente de lo que dicte la Justicia».