Vivienda avalará la mitad del importe de los nuevos créditos que se concedan para VPO

«La peor hipoteca es la que no se da». Esa es la filosofía de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que ha decidido compartir con las entidades financieras el riesgo de la morosidad y forzarlas así a abrir el grifo de los créditos de cara a la compra de pisos protegidos.

Desde el próximo 1 de julio, y durante este año y el siguiente, el presupuesto del Ministerio avalará -a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- el 50% del importe de las nuevas hipotecas para VPO que se suscriban en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

La medida busca dar cobertura a esas familias perfectamente solventes que hoy se acercan a bancos y cajas para intentar firmar un préstamo para VPO y reciben un rotundo «no» por respuesta. La crisis económica, explicó Corredor, ha llevado al sector financiero al extremo de negar cualquier dinero a miles de personas que hasta hace muy poco eran bienvenidas en las sucursales.

La novedosa ayuda es fruto de una intensa negociación realizada entre Vivienda y las grandes patronales de bancos y cajas, que logran de este modo «la mejor garantía de todas, la del Estado», dijo la ministra. Y es que, con las entidades centradas en captar depósitos, los eventuales compradores de VPO lo tenían prácticamente imposible. El aval, reconocen fuentes del sector, es una buena noticia para todos: los ciudadanos acceden a la vivienda, se libera stock y la banca presta dinero con algo más de alegría al contar con un respaldo sólido. Algunas voces señalan que supone un auténtico favor al mercado financiero, que habría presionado en busca de un compañero con el que absorber el riesgo.

El aval cubrirá la posibilidad de impagos hasta el límite del 3% del ratio de morosidad en hipotecas de VPO de cada entidad. Esta garantía no será ilimitada, sino que se ceñirá a los cinco o seis primeros años del crédito, el periodo más crítico a la hora de pagar las letras.

Según los cálculos de Corredor, el aval ayudará a formalizar unas 100.000 operaciones, lo que supone garantizar desde el Ministerio el abono de unos 6.000 millones de euros. Corredor ha dispuesto que disfruten también del mecanismo las adquisiciones de aquellos pisos libres cuyos promotores los trasladen al mercado protegido. En ningún caso se beneficiarán las hipotecas de VPO ya vigentes.

Distinciones

No todas las entidades tendrán la misma ayuda, ya que Vivienda ha creado la figura del colaborador preferente: aquel banco o caja que más se involucre en la concesión de préstamos de pisos protegidos. Para ganar ese título, la institución de turno deberá conceder más de 75 millones de euros anuales en hipotecas para VPO o mejorar en 20 millones durante un ejercicio lo ofrecido en el anterior.

La colaboración con el Gobierno tiene premio, pues los preferentes se beneficiarán de avales más largos y, sobre todo, de una mayor cobertura del nivel de impagos. El 3% es el máximo, al que sólo accederán los que más dinero concedan. La ministra subrayó que la morosidad general en créditos para la compra de vivienda se sitúa en el 2,36% y que ese ratio es «bastante inferior» en los pisos protegidos, con lo que la barrera fijada «cubre de sobra» el hipotético riesgo de las operaciones y, al tiempo, el Estado actúa de forma responsable y sin poner en peligro las arcas públicas.

Última palabra

El sistema, sin embargo, no supone ninguna garantía de que la hipoteca salga adelante, pues, como siempre, la última palabra la tienen los departamentos de riesgo de las entidades. No hay fronteras preestablecidas, pero Beatriz Corredor siempre ha señalado que el sistema financiero no tendría porque negar préstamos para pisos protegidos a aquellas familias que dediquen al pago de las letras menos del 30% de su renta bruta. La advertencia al sector queda ahí.

Este es el segundo capote que Corredor echa a bancos y cajas en menos de dos semanas. El pasado día 14, el Consejo de Ministros modificó como medida coyuntural y 'sine die' el tipo de interés que se aplicará a los créditos del Plan 2009-2012. Un paso que el Ejecutivo justificó en «la rápida evolución de las circunstancias en los mercados financieros».

El coste de estas hipotecas tradicionalmente blandas pasó de ser el euribor más un 0,65% (tal y como se fijó el pasado diciembre) al euribor más un diferencial que oscilará entre el 0,25% y el 1,25%.

La modificación permite a bancos y cajas cobrar bastante más por el dinero prestado a los compradores de VPO en pleno derrumbe del euribor. El argumento principal, por parte del Ministerio de Vivienda, es que con esta alteración se incentiva la competencia en el sector que, en teoría, peleará por captar hipotecados de vivienda protegida.