Zapatero rechaza que los padres «interfieran» en la decisión de las menores al aborto

La posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años aborten sin necesidad de consentimiento paterno es el punto más controvertido del anteproyecto para la nueva ley del aborto. Varios miembros del Gobierno, con su presidente al frente, salieron ayer en defensa de la libertad de estas menores para decidir «sin interferencias».

Para José Luis Rodríguez Zapatero, los 16 años es la edad «habitual» para una decisión autónoma de la joven en las legislaciones europeas sobre el aborto que guían la futura normativa española. A esa edad, hoy una adolescente española puede someterse a una operación a corazón abierto, a una intervención de cirugía estética o donar un órgano sin necesidad de permiso paterno porque así lo recoge la Ley de Autonomía del Paciente. La futura ley del aborto extenderá ese derecho también a la interrupción voluntaria del embarazo porque es una decisión transcendental «en la que debe primar la voluntad de la mujer» y también el derecho «a su intimidad», refrendó el jefe del Ejecutivo.

En rueda de prensa con su homólogo de la República Dominicana, Leonel Fernández, Rodríguez Zapatero insistió en el carácter preventivo de la futura ley, que irá acompañada de una completa estrategia en educación sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados y abortos.

«Tengamos confianza»

El presidente está convencido de que los casos en los que una menor aborte sin que lo sepa su entorno familiar serán «excepcionales». «Tengamos confianza en ellas», pidió. Ante una disyuntiva tan seria como tener un hijo o no, «la mayoría de las mujeres compartirán su decisión con quien estimen conveniente, padres, hermanos, amigos...». En caso de que no fuera así, la ley garantizará que la decisión sea «la de ellas», sin «interferencias», apostilló.

Pero el debate está sobre la mesa de los padres, los políticos y los profesionales de la Medicina. Y las posturas no coinciden. El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) considera que el derecho a abortar de «una niña» es compatible con la información sobre la intervención clínica a sus padres por parte de los doctores.

El presidente de la organización, Juan José Rodríguez Sendín, se mostró sorprendido de que «los padres no se enteren de lo que les sucede a sus hijas en una situación que puede ocasionar graves problemas familiares». «Estamos de acuerdo en aumentar la autonomía de los pacientes, pero debería haber una forma de que prevalezca el derecho de la niña a abortar, y que también se considere informar a los padres», que tendrán que responsabilizarse del «cuidado» de sus hijas, explicó.

Además, el consejo solicitó la creación de un listado con los objetores de conciencia en el tema del aborto para garantizar la coherencia de los médicos en sus decisiones, «independientemente de la institución médica o la comunidad autónoma en la que trabajen».

El nuevo texto sustituirá a la ley vigente de 1985 y apuntalará las garantías jurídicas para las mujeres que decidan abortar y los profesionales sanitarios que realicen las intervenciones. La futura norma tendrá carácter orgánico y su aprobación en el Congreso necesita de mayoría absoluta, la mitad más uno de los escaños, 176, ocho más de los que tiene el grupo socialista.

Se da la circunstancia, sin embargo, de que en los debates previos sobre la reforma del aborto en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, ninguno de los grupos favorables a la nueva ley, y a los que recurrirá el PSOE en la votación definitiva en pleno, exigía cautelas o tutelaje paterno para los abortos en jóvenes de 16 o 17 años. Ni Esquerra Republicana, ni IU, o Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que suman 5 votos, ni la mayoría del Grupo Mixto (7 diputados) son partidarios de alterar el texto del Gobierno en ese punto. El PP no votará a favor de la ley en ningún caso, ni modificándola de arriba abajo. Y en cuestiones de conciencia y moral, tanto CiU como el PNV dejan tradicionalmente libertad de voto a sus diputados.