El Gobierno espera salvar la legislatura sin romper la hucha de las pensiones

El acceso al fondo de reserva de las pensiones está blindado por requisitos legales. Han de transcurrir tres semestres consecutivos de déficit para afrontar con su dinero el pago de las prestaciones. Por lo tanto, «no es posible legalmente romper la hucha ni este año, ni el que viene, ni el siguiente, ni muy probablemente en toda la legislatura», según señaló ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de velar por el futuro del sistema público de pensiones. «Nosotros no estimamos el escenario del déficit», reiteró.

El representante del Gobierno respondía así a críticas del diputado del PP, Miguel Barrachina, quien, tras realizar una batería de preguntas ya respondidas en otras ocasiones, dio casi por seguro que será necesario abrir la hucha de las pensiones antes de 2012, a la vez que criticó la falta de transparencia de los responsables de la Seguridad Social. Granado, visiblemente contrariado, tildó al portavoz popular de ignorante y de desconocedor del sistema.

Aseguró que las acusaciones vertidas por Barrachina sonaban a «teorías conspiratorias» y lamentó que «ahora que el PP ha acabado con el 11-M se centre en la Seguridad Social». Para Barrachina, es un grave error que el secretario de Estado ejerza la militancia partidista por encima de la profesionalidad. A su juicio, se trata de una postura «propia de su exhibicionismo» e incomprensible puesto que «viene a la Cámara con menos afiliados y sacando pecho».

Con independencia del agrio debate mantenido entre los dos políticos, Granado informó que a 13 de mayo de 2009, el fondo de garantía contaba con 58.593,78 millones de euros, importe equivalente al 5,35% del producto interior bruto (PIB). El 70% de ese total se encuentra invertido en activos financieros españoles y el restante 30%, en extranjeros.

Subida de 14 puntos

Informó de que el plan del Gobierno es disminuir la compra de deuda externa e incrementar los depósitos de la interna. Prueba de ello, es que desde el pasado 31 de diciembre, los activos españoles adquiridos han subido casi 14 puntos, mientras que los extranjeros se han reducido en la misma proporción.

Ante la pregunta de si el Gobierno «sigue considerando conveniente invertir parte del fondo en bolsa», el secretario de Estado afirmó que cualquier modificación en el funcionamiento y regulación del fondo pasa por un amplio consenso, a poder ser unánime, de la Cámara. Insistió en que es preciso aumentar la colaboración entre los grupos para hacer menos necesarios los cambios legales. Los rendimientos netos del fondo, generados en 2008, ascendieron a 6.553,12 millones de euros.

En la comisión, también intervino Gaspar Llamazares, de IU. A su juicio, las últimas comparecencias han servido para despejar las dudas que planeaban sobre el sistema. Y, en ese mismo tono conciliador, tomó la palabra Carles Campuzano, de CiU. Resaltó que las instituciones actúan de manera adecuada en la financiación de la Seguridad Social e instó «al mayor grupo de la oposición» a dar valor a esta situación. «Tenemos que transmitir con seriedad lo que hacemos y dejarnos de crear incertidumbre», dijo.

Por su parte, José Emilio Olabarría (PNV) se interesó por conocer la posición de Granado sobre cómo financiar la ampliación de la protección a los parados. El secretario de Estado contestó que «con dinero del Estado». Apuntó que la estructura de la Seguridad Social, al distinguir entre prestaciones contributivas y asistenciales, es más eficaz que la de los Servicios Públicos de Empleo. Recordó que en las oficinas del antiguo INEM no existe ningún fondo de reserva y cuando las cosas van bien las cotizaciones cubren todo, papel que pasa al Estado en épocas de declive económico.

Para terminar, Granado expresó su satisfacción con el hecho de que varios grupos parlamentarios hayan presentado conjuntamente una propuesta, dentro de las resoluciones sobre el Debate del estado de la Nación, para que los trabajos del Pacto de Toledo se intensifiquen. Los miembros de esta comisión tienen el mandato parlamentario de, cada cinco años, adoptar las reformas oportunas para garantizar la viabilidad del sistema. La última renovación tuvo lugar en 2003.