El descrédito azota a los Comunes

El diario 'The Daily Telegraph', propiedad de dos hermanos gemelos, sir David y sir Frederick Barclays, que viven en una isla privada en el canal de la Mancha y tienen su residencia fiscal en Mónaco, ha provocado en los últimos días lo que otra publicación de su propiedad, el semanario 'The Spectator', califica este fin de semana como una «crisis constitucional».

El 'Telegraph' habría comprado un disco digital que un hombre de negocios intentó vender a otros medios de comunicación, en el que aparecen las facturas que los miembros del Parlamento británico han pasado en los últimos cuatro años a la oficina que sufraga sus gastos. Y ha publicado una larga serie de revelaciones sobre posibles fraudes.

Ayer, un diputado laborista, David Chaytor, fue suspendido como miembro del grupo parlamentario, tras la publicación de datos que parecen mostrar que cargó al Parlamento los intereses de un préstamo hipotecario que había pagado ya en 2004. Chaytor se disculpó por lo que califica como un descuido y prometió reembolsar el dinero recibido.

Antes, dimitió un viceministro de Justicia y líderes de partidos y parlamentarios de base han prometido devolver cantidades variables que, en algunos casos parecen facturadas con dudoso criterio y en otros plenamente injustificables. La saga de los gastos parlamentarios ha desacreditado a la clase política británica.

Steven Fielding, director del Centro de Política Británica en la Universidad de Nottingham, afirma que lo ocurrido «resuena en un problema ya existente de falta de confianza que, por diferentes razones políticas, ya existía y que ahora se extiende con la creencia de que los políticos están explotando a sus electores».

La crisis es la consecuencia de una derrota del Parlamento ante el ente público creado para fallar disputas creadas por la interpretación de la ley de Libertad de Información que introdujo el Gobierno laborista en 2000 para facilitar el acceso ciudadano a la información en poder del Estado. La disputa llegó a los tribunales, que fallaron en favor de la publicación de los gastos reclamados por los diputados.

Los datos se iban a publicar en julio, pero 'The Daily Telegraph' se ha hecho con una copia y desde entonces se ha desvelado que el sistema diseñado para financiar la segunda vivienda que los parlamentarios tienen que usar para hacer compatible su trabajo en la circunscripción por la que han sido elegidos y su presencia en los Comunes se presta al abuso.

Los diputados reciben un salario de 72.616 euros, subvenciones públicas para su transporte, manutención o el mantenimiento de su oficina parlamentaria, pero el foco del escándalo se dirige a los gastos que, hasta un máximo anual de 27.000 euros, facturan a la oficina parlamentaria por el pago de intereses de la hipoteca de su segunda vivienda, el mobiliario o el mantenimiento.

Método de compensación

Aunque una gran parte de los parlamentarios ha pedido gastos que se ajustan a las reglas, día tras día se han conocido facturas por desembolsos suntuarios o por aprovechar el sistema para financiar, con dinero público, el pago de hipotecas de viviendas cuya venta deja los beneficios en las manos privadas del diputado que usa así el dinero público.

Alan Duncan, un adinerado parlamentario conservador que se ha comprometido a devolver parte del dinero que cargó por el mantenimiento del jardín de su casa, ha reconocido esta semana que el sistema se ha basado en pagar poco a los parlamentarios -es aceptado por todos sin discusión que no es suficiente para costear la residencia en el centro de Londres- y en crear una forma paralela de compensación.