Obama recurre a la justicia de BushFruto envenenado

Tras un intenso debate interno, Barack Obama dio ayer marcha atrás a una de las medidas estrella que adoptó cuando llegó a la Casa Blanca y aprobó el restablecimiento de las comisiones militares especiales creadas por la Administración Bush para juzgar a algunos presos de Guantánamo. La decisión, contestada desde la izquierda del Partido Demócrata y grupos de derechos humanos, supone un cambio de postura claro del presidente que armó todo su discurso electoral sobre la base de que los detenidos en Cuba fueran juzgados por tribunales civiles.

«Las comisiones militares tienen una larga tradición en Estados Unidos», aseguró Obama en un informe. «Son instrumentos apropiados para juzgar a enemigos que violan las leyes de guerra». Asimismo, Obama ha prometido colaborar con el Congreso para reformas adicionales que permitan que estos órganos «enjuicien de manera efectiva a los terroristas y sean un camino, junto a los procesos en tribunales federales, para la administración de la justicia».

La nueva normativa moderniza el funcionamiento de las cortes militares impulsados en su día por el ex vicepresidente Dick Cheney y el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, bajo cuyo liderazgo se cometieron todo tipo de abusos y torturas a los detenidos. Comparada con las de ese período, las nuevas comisiones amplían los derechos legales de los acusados y no se podrá, por ejemplo, admitir rumores o pruebas obtenidas mediante interrogatorios «crueles, inhumanos o degradantes».

Los presos tendrán también más facilidades para elegir a su abogado defensor y se dará protección básica a quienes se nieguen a testificar, agregó el presidente en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. Los jueces de los nuevos tribunales militares podrán establecer la jurisdicción. Según Obama, las reformas «comenzarán a restablecer las comisiones como un foro legítimo para el enjuiciamiento, al tiempo que las adaptan al Estado de Derecho».

Pero el aumento de las garantías es limitado y los procedimientos judiciales distan mucho de los que usaría un juzgado civil o incluso un tribunal militar normal. Obama se ha plegado a las presiones articuladas desde el Pentágono, que, pertrechado de todo tipo de informes, argumenta que los detenidos más peligrosos no serían «juzgados con éxito» en cortes ordinarias.

Pero los cambios legales son vistos como maquillaje por las asociaciones de derechos civiles, que ya habían asumido como una victoria la suspensión de esos tribunales especiales, medida anunciada por Obama dos días después de jurar el cargo. «Es preocupante que el presidente haya optado por revivir unas comisiones militares que él mismo denunció abiertamente durante su campaña», declaró a The Washington Post Virginia Sloan, líder del grupo Constitution Project. «Se pongan como se pongan, este tipo de cortes están diseñados para proporcionar menos protección que los federales. En nuestra historia, nuestros tribunales han demostrado su capacidad de manejar con éxito los casos más complejos y sensibles para la seguridad del país», aseguró esta militante.

Remiendo injusto

Para Amnistía Internacional, el resucitar estos tribunales militares hará un flaco servicio a la Justicia. «No se puede andar remendando un sistema que es esencialmente injusto», afirma el experto para EE UU Rob Freer. En opinión de AI, el nuevo Gobierno debería acabar con esas comisiones, retirar todas las acusaciones presentadas al amparo de la correspondiente ley y trasladar inmediatamente a EE UU a cualquier detenido de Guantánamo al que se acuse formalmente.

En el otro lado del espectro, legisladores conservadores que se habían opuesto a la decisión de cerrar la prisión militar se felicitaban ayer de la medida gubernamental.

E l presidente Obama se enfrenta a un dilema jurídico de difícil solución. La promesa de cerrar Guantánamo está ligada a su repudio del procedimiento penal instaurado por George W. Bush contra los sospechosos de terrorismo, basado en la creación de comisiones militares guiadas en su actuación por normas muy alejadas de las establecidas en cualquier régimen democrático y que se condensan en la expresión reglas del debido proceso. Su conculcación ha dado pie a la práctica de torturas dentro y fuera de Guantánamo, y ésta es la razón última de su clausura. Pero no basta con sacar a los presos del penal y juzgarles como a otros delincuentes para que los graves delitos infligidos contra ellos queden subsanados. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del fruto del árbol envenenado, creada por el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1920 (y que ha sido acogida en muchos países, entre ellos España), no puede condenarse a nadie en virtud de pruebas obtenidas previa violación de derechos fundamentales, lo que permite aventurar un alto porcentaje de absoluciones de esos sospechosos de terrorismo si llegan a ser juzgados conforme a las reglas constitucionales. Para evitarlo, Obama sostiene ahora que las comisiones militares pueden seguir actuando con la condición de que se incrementen las garantías para los acusados, como si no hubieran sido creadas, precisamente, para actuar con arbitrariedad, primando la razón política sobre la defensa de los derechos humanos.

Y en esta misma línea se sitúa la decisión adoptada el pasado miércoles por el Congreso norteamericano de someter el cierre de Guantánamo a estrictas condiciones, de muy difícil cumplimiento. Exigen al presidente que diseñe un plan personalizado sobre el riesgo que supone para la seguridad de los ciudadanos norteamericanos -incluidos los militares- el traslado de cada preso al extranjero. Y si el traslado se realiza a alguno de los estados norteamericanos, el gobernador correspondiente debe recibir una justificación escrita de que dicha persona no supone riesgo alguno para la seguridad del país. En ningún momento se plantea nada relativo a los derechos de los detenidos. Nada. La misma en la que viven desde hace mucho tiempo en la Bahía de Guantánamo.