El PP y la Iglesia recrudecen su ofensiva contra la ley del aborto

La polémica sobre la reforma de la ley del aborto irrumpió con fuerza en la campaña electoral de las europeas. Apenas veinticuatro horas después de que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto de ley que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Entiende Rajoy que el nuevo texto legal es «contrario» a la Carta Magna y acusa al PSOE de «oportunismo político». Al recrudecimiento de la ofensiva popular contra la futura ley de plazos se sumó la Iglesia Católica. Su máximo responsable en España, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, reclamó «que no se le niegue a ningún concebido de mujer el derecho a nacer». En la polémica terció un socialista, el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, quien expresó «a título personal y como padre» su desacuerdo con una ley que, con su articulado actual, permitiría que una chica de 16 años interrumpiera su embarazo sin el permiso paterno. El foco del debate se ponía en esta posibilidad, mientras que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reiteraba que el aborto «es una cuestión sanitaria más».

«Votaré en contra y la llevaré ante el Tribunal Constitucional, porque no es una Ley que ayude a las mujeres; es contraria a la Constitución y el Gobierno lo sabe, porque hay varias sentencias del TC en ese sentido», afirmaba Mariano Rajoy en el acto electoral en el que participó en Córdoba junto al cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja. A juicio de Rajoy estamos ante una ley mala «en el fondo y en la forma». «Es mala en el fondo porque hay que defender la vida, y en la forma, porque es puro oportunismo político para distraer de la crisis económica» dijo Rajo

«Es inadmisible que a los 16 años te exijan permiso de los padres para hacerte un piercing o ir de excursión y un padre no pueda enterarse de si su hija aborta», afirmó Rajoy respecto de una de las disposiciones más controvertidas de la futura ley. «Lo que nos diferencia del PSOE -concluyó Rajoy- es que no hacemos nada de lo que no esté en nuestro programa electoral, y la ley del aborto no lo estaba en el del PSOE, que ha engañado a los españoles». «No iba en su programa electoral tal vez porque entonces no le convenía y ahora sí» dijo. «No hay nada más progresista que defender al ser humano, y la vida es el principal valor a preservar, de modo que las mujeres que pasan por esa situación difícil lo que necesitan es ayuda, afecto y cariño, y el objetivo debe ser trabajar para que ninguna mujer se vea en la necesidad de abortar» planteó.

«Dejar nacer a los hijos es el primer y fundamental deber del amor al prójimo, del amor al más necesitado», dijo por su parte el cardenal Rouco Varela en la homilía de la misa que ofició el viernes en honor de San Isidro, patrón de Madrid, y a la que asistió el alcalde popular de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Sostuvo el secretario de la Conferencia Episcopal que es «una grave obligación de conciencia de todos los implicados -familiares, amigos, instituciones privadas y públicas- ayudar generosa y eficazmente a las madres que conciben a sus hijos, no para que sean eliminados, sino para que puedan darles a luz».

«Si no se respeta escrupulosamente el derecho de todo ser humano a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, nos quedaremos sin el fundamento ético imprescindible para poder edificar un orden social y jurídico digno de ser llamado y considerado humano, justo y solidario», afirmó el prelado. Desde las filas socialistas terciaba en la polémica el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien expresaba su desacuerdo con la posibilidad de que las menores puedan abortar sin permiso ni conocimiento de los padres.

«Soy padre y no concibo que, si mi hija estuviera en ese supuesto, no se comunicara con su madre y conmigo» dijo el líder socialista en Toledo al ser cuestionado sobre uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto. Barreda tuvo el cuidado de precisar que respondía a título «personal» a la pregunta que se le planteó sobre la cuestión en términos muy precisos: «qué le parece que un menor no pueda comprar una botella de vino y sí comprar una píldora del día después e incluso abortar sin consentimiento paterno».

Poco antes, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, había reiterado en los desayunos de TVE que «el aborto va a ser una cuestión sanitaria más» y que ante el tramite parlamentario de la ley tiene constancia de que los grupos de izquierda consideran «innegociable» variar la edad de los 16 años, ya que «supone la equiparación de esta práctica sanitaria a la del resto del Sistema Sanitario». «Otra cuestión es que pudiésemos abrir un debate sobre la mayoría penal en nuestro país» propuso Aído .

«Partir de que no lo conozcan los padres no tiene por qué ajustarse a la realidad. Puede ser tan irresponsable como que no conozcan una intervención que se realice su hija a corazón abierto», dijo Aído. Añadió que «en las familias donde se habla con naturalidad de la sexualidad y de la prevención métodos anticonceptivo no tiene por qué haber problemas de estas características». «Lo idóneo es que en las familias haya un clima de respeto mutuo», sugirió la ministra, de modo que «las chicas que tomen esta importante decisión lo hagan acompañados por sus padres».

La Audiencia de Toledo ha condenado a Cristina S. H., de 34 años, a nueve años de internamiento en un establecimiento psiquiátrico por matar de veintiséis hachazos a su madre en el domicilio familiar de la localidad toledana de Mazarambroz en febrero de 2007.

La sentencia dictada por la sección primera de la Audiencia de Toledo se produce después del acuerdo entre las partes, avalado por un jurado popular, que contempla la eximente incompleta de alteración psíquica por padecer un trastorno de la personalidad, aunque con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad. También se la condena a indemnizar a su padre con 30.000 euros y otros 12.000 a cada uno de sus hermanos.

Según explicó el abogado de la defensa, Ángel Benito, la joven será internada en uno de los dos centros penitenciarios especializados para este tipo de reos, el de Picassent (Valencia) o Fontcalent (Alicante).

Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, Cristina compareció en la Audiencia toledana como víctima de una violación, ocurrida unos meses antes del parricidio, por lo que fue condenado a cuatro años y medio de prisión un rumano, Nicolai I.

Precisamente fue el comportamiento que tuvo en este juicio -en el que ella testificó a puerta cerrada entre risas y llantos- lo que motivó que el fiscal y la defensa buscaran la «mejor solución para ella», según dijo a los periodistas el abogado defensor de la parricida, que reconoció los hechos y se conformó con lo pactado.

Los hechos ocurrieron entre las 13.00 y las 13.30 horas del 14 de febrero de 2007 en el domicilio familiar de la calle Cervantes de Mazarambroz, justo el día en que Cristina tenía que ingresar en un centro sanitario de Toledo debido a su delgadez. Pero la joven pensaba que era una estrategia de su madre para librarse de ella, por lo que tras llamar al doctor para decirle que no pensaba acudir al centro médico cometió el crimen.

La acusada cogió un hacha de la leñera de la casa y dio a su madre, que estaba sentada leyendo en el salón, un total de veintiséis hachazos en la cabeza y en el rostro mientras reprochaba a su progenitora que no la quisiera y a la que pedía que «rezara lo que supiese». Tras los hechos, Cristina -que según su abogado, tiene la inteligencia de una persona superdotada- llamó a la Guardia Civil y a su doctor, y relató los hechos, con la justificación de que su madre la quería echar de casa y ella había pagado la hipoteca junto a sus hermanos.