El PP expulsará a sus ediles de Sanlúcar si derrocharon el dinero en llamadas

El Partido Popular en la provincia adopta también el mismo discurso que la dirección nacional de la formación en cuanto a las responsabilidades que deben asumir los militantes implicados en procedimientos judiciales por corrupción. Si Mariano Rajoy fue quien advirtió que sólo se tomarían medidas disciplinarias, a raíz del caso Gürtel, si un juez formalizaba una imputación; de la misma manera se expresó ayer el presidente del PP en Cádiz, José Loaiza, en referencia a los ediles de su partido que estuvieron en el anterior Gobierno local de Sanlúcar.

El dirigente popular aseguró ayer en este medio que en el seno del PP «se desconocía» los elevados gastos que soportaban las arcas públicas del Ayuntamiento sanluqueño por capítulos como la telefonía o los gastos de protocolo. Y que en esos costes se incluían caprichos que nada tenían que ver con la gestión de un Consistorio como son las llamadas a líneas eróticas o del tarot. «Hasta ahora sólo tenemos la información que ofrece la prensa y con todos los respetos, no siempre es del todo fiable». Loaiza también achaca esas noticias al «oportunismo del PSOE que es quién está filtrando dentro de su táctica de enchufar el ventilador».

Pero escepticismos aparte, el presidente provincial cambió el tono ante la posibilidad de que esas irregularidades contables terminen en imputaciones de sus compañeros de partido. «El que la hace, la paga y no dudaremos en depurar lo que haga falta si hay pruebas de que alguien hizo un mal uso del dinero público». Ahora bien, como ya hiciera Rajoy semanas atrás, Loaiza pone como condición la actuación y pronunciamiento de un juez para tomar medidas como la suspensión de la militancia en la que ya están algunos de los imputados en el caso Gürtel.

Por ahora ya ha habido una primera actuación judicial con la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra dos ediles del PP en el anterior Gobierno sanluqueño, Marco Antonio Caballero y Rafael Rubio. El primero continúa en el Consistorio mientras que Rubio se marchó a Navarra para integrar la gestora que se hizo cargo del partido tras su ruptura con UPN. Esa denuncia que también salpica al anterior interventor municipal, la que fuera secretaria de Rubio y otras tres personas más está siendo investigada en los juzgados de Sanlúcar. La Fiscalía ve indicios de malversación y falsedad documental en el pago de once facturas por una serie de informes que se encargaron a cuatro empresas externas, pero de los que no tiene constancia el actual Gobierno local.

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