Los imputados por el desfase denunciarán al Consistorio si no levanta la suspensión de empleo

Los días se hacen cada vez más largos para los dos únicos imputados por el presunto desfalco de 7,6 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento. Aunque las investigaciones continúan, los resultados de las mismas siguen siendo un misterio escondido tras el secreto de sumario decretado por la jueza que lleva el caso. Mientras se desarrollaba la investigación, una de las primeras medidas decretadas por el Ayuntamiento isleño fue la suspensión de empleo y sueldo de los dos funcionarios acusados por las irregularidades contables, Clemente R.G. y María José L. de C. El expediente de inhabilitación ha sido alegado por los abogados sin haber obtenido aún respuesta. Ambos letrados aseguraron ayer que «los recursos se sustentaron en la falta de pruebas» y que esta medida está causando «graves perjuicios» en los acusados, a los que les han eliminado las prestaciones y reducido el sueldo al mínimo. De esta forma, explicaron que el 5 de julio, si no obtienen respuesta, las alegaciones presentadas podrían desestimarse por silencio administrativo. Llegados a este punto, ambos abogados anunciaron que «no dudaremos en ir al juzgado de lo contencioso porque esto no está justificado y es una barbaridad».

Ignacio Quintana, el abogado de Clemente R.G,. señaló que «nadie puede creerse que los acusen de llevarse más de siete millones de euros, no tiene sentido que nadie se hubiera dado cuenta». Quintana aseguró estar esperando a que se levante el secreto de sumario para pedir las diligencias policiales y poder hacer pública la situación a la que están sometidos los dos acusados y pedir responsabilidades al Ayuntamiento isleño.

Por el momento, la jueza encargada del caso no ha comunicado a ninguna de las partes la prórroga del secreto sumarial, que cumplía el mes decretado la pasada semana. Los abogados esperan ahora una justificación para mantener «un silencio que a quien más pesa es a los dos imputados».

Por su parte, la Asociación de Vecinos Casco Histórico solicitó al Ayuntamiento que instruya un procedimiento de responsabilidad pecuniaria a las autoridades y demás personal a su servicio, de forma que paguen con su patrimonio los daños provocados al municipio en vez de con el préstamo anunciado, al considerar que «han sido los mecanismos habituales de control interno los que no han evitado la desaparición del dinero».

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