La Junta inicia una ofensiva contra las casas ilegales y anuncia más derribos

Mano dura a las construcciones ilegales. Ya no hay excusas para frenar esta práctica en la provincia que durante décadas ha campado a sus anchas. Los casos más significativos se localizan en Chiclana, El Puerto y el eje de Sanlúcar-Chipiona. El nuevo delegado del Gobierno regional en Cádiz, Gabriel Almagro, mantuvo ayer un encuentro con los alcaldes de la comarca de La Janda, Costa Noroeste y Bahía, a excepción de Cádiz, donde no existe este problema, para definir un plan de actuaciones contra el urbanismo ilegal. La Junta ha sido clara en este asunto: prestará apoyo y colaboración a los ayuntamientos a la hora de las inspecciones y anuncia que habrá nuevas demoliciones.

Los alcaldes están obligados a realizar ahora un inventario de las construcciones que tienen en su municipio tanto legales como ilegales. El propio regidor de Barbate, el socialista, Rafael Quirós, explicó a este periódico que de lo que se trata «es de realizar una foto fija del actual planeamiento y controlar al detalle cualquier movimiento futuro». Este inventario conlleva además la elaboración de una ficha técnica de los inmuebles donde se definirá qué tipo de suelo ocupan. El expediente será clave para que la Administración tome decisiones a la hora de regular la vivienda.

Algunos ayuntamientos ya han avanzado sus planes municipales, caso de Chipiona y Chiclana, y el objetivo es llegar al verano con los deberes hechos. La Junta está dispuesta a poner al servicio de las corporaciones locales a la Policía Autonómica y a la Guardia Civil para reforzar las labores de inspección y las actuaciones de la Policía Local. Los cálculos más conservadores de Ecologistas en Acción apuntan a un contingente de 40.000 viviendas ilegales en la provincia y Chiclana, con 20.000, y El Puerto, con más de 6.000, se llevan la palma. La Fiscalía de Medio Ambiente tiene conocimiento de esta ofensiva de la Junta para zanjar las construcciones ilegales. De hecho, ya hay 70 viviendas clandestinas con sentencia firme en la provincia para su demolición.

El delegado de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, aclaró ayer que la colaboración con los ayuntamientos será directa al tiempo que adelantó que los mecanismos para combatir el urbanismo ilegal habían dado sus frutos en los últimos once meses, donde el ritmo de construcciones había descendido. En este sentido, explicó que los planes de inspección previstos ahora evitarán cualquier movimiento sin control de ladrillos y permitirá, al mismo tiempo, que una construcción ilegal tome forme y sea ocupada. La Junta ha anunciado que habrá más demoliciones en la provincia, sobre todo, de aquellas construcciones que sea imposible legalizar. Con estas actuaciones habrá más control sobre las licencias de obra. Desde la Junta se ha puesto de manifiesto que se agiliza el trámite para tirar una vivienda clandestina así, en el plazo de un mes, se puede echar abajo una casa que no esté ocupada. Es lo que se denomina demolición express.

La reunión de ayer contó con la presencia de los alcaldes de Sanlúcar, Barbate, Alcalá y Chipiona, entre otros, y representantes de Conil, Rota, San Fernando, Vejer, Paterna, Benalup, Puerto Real, Medina y San Fernando. Una de las ausencias más notables en esta reunión fue la de El Puerto. El Ayuntamiento no envió a ningún representante, pese a contar este municipio con más de 6.000 construcciones ilegales y está ahora en plena elaboración del PGOU.