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Opinion

Gobierno constitucional

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L a toma de posesión de los consejeros del Gobierno vasco presidido por Patxi López ofreció ayer señales más que simbólicas respecto al cambio que supone la llegada de los socialistas al Ejecutivo de Vitoria, apoyados en una mayoría parlamentaria no-nacionalista de la que participan los populares. La explícita referencia a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, a través de la cual las nuevas consejeras y consejeros reafirmaron su compromiso con el marco legal que da vida al propio Ejecutivo autonómico, corrige la inclinación de los responsables públicos nacionalistas a sortear y, en esa misma medida, cuestionar las bases fundacionales del entramado jurídico e institucional vigente.

Por lo demás, las promesas y juras de ayer, realizadas en euskera o en castellano, respondieron a la misma diversidad de procedencias y sensibilidades que refleja el nuevo gobierno autonómico. Aunque de entre todas ellas es necesario destacar la realizada por el nuevo titular de Interior, Rodolfo Ares, quien tomó posesión de su cargo ante la Ertzaintza, acabando con casi treinta años de absoluta identificación entre la responsabilidad sobre la policía autónoma y el partido nacionalista. Además, el expreso compromiso con la aplicación de todos los instrumentos del Estado de derecho contra ETA, puesto de manifiesto por el consejero Ares, subraya la supeditación de las actuaciones policiales frente al terrorismo a criterios de firmeza democrática contemplados en la propia legislación y al especial esfuerzo que los nuevos gobernantes quieren realizar para devolver la dignidad a las víctimas de la violencia sectaria. Ahora solo hace falta que, sin dilación alguna, el Ejecutivo de Patxi López active la dirección política sobre la administración autonómica animando a los miles de funcionarios y empleados que tiene bajo su responsabilidad a empeñarse en la mejora constante del servicio a los ciudadanos.