Castigo no tan fácil

L a maraña legal en la que están metidos la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el Ministerio de Defensa -por no hablar de los siete corsarios imputados- constituye una prueba más de las complicaciones que presenta la persecución de la piratería marítima. Lo ocurrido en la Audiencia demuestra que la ley no está tan clara: aunque la piratería sea un negocio muy antiguo, y un lastre creciente, el Derecho internacional que debe ocuparse de ella no se sitúa a la altura del problema. Hace apenas unas semanas, después de la puesta en libertad del capitán estadounidense Richard Philips, el presidente Obama se comprometió a «llevar los piratas ante la justicia». Pero, ¿cómo? Ni la captura ni la condena son tan fáciles.

Tanto Europa como EE UU disponen ya de efectivos patrullando el Golfo de Adén fuera de la costas de Somalia para tratar de proteger a los barcos mercantes. Pero es un área de un millón de millas cuadradas en la que el número de secuestros creció un 200% entre 2007 y 2008. En el último año se han registrado más de 100 ataques en la zona y se calculaba que los pagos por rescates suman unos 150 millones de dólares.

Casi todos los dirigentes mundiales rechazan el terrorismo y sostienen que no negociarían jamás con los que lo perpetran. Pero sí se registran transacciones semanalmente con los corsarios de Somalia y Kenia y sus actividades han engendrado una 'mini industria' a 7.000 kilómetros de distancia, en Londres, el centro global del comercio marítimo. Es allí, en la capital británica, donde los secuestradores de los barcos, tripulaciones y cargas suelen canalizar sus reivindicaciones, a través de bufetes de abogados expertos en la legislación marítima.

Y es desde allí desde donde formulan los planes de rescate con empresas de seguridad especializadas en el tema o donde arrancan las largas y tensas negociaciones para que el barco y la tripulación puedan ser puestos en libertad. Muchos países (con España en la vanguardia) han sido críticos con lo que consideran un negocio sucio, argumentando que anima el crimen internacional y el terrorismo. Es posible que tengan razón, porque en un Estado fallido como es Somalia la línea divisoria entre el crimen y el terrorismo puede ser muy débil. Pero los abogados de Londres insisten en que ejercen dentro de la ley. Y el problema posterior, como se ha visto ahora en la Audiencia Nacional, es que enjuiciar los crímenes de alta mar resulta una tarea complicada.