La Audiencia Nacional imputa a tres ministros chinos por la represión en Tíbet

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplió ayer la causa abierta contra las autoridades chinas por la represión de la población tibetana e imputó a tres ministros del Gobierno chino por su participación en el ataque intencionado de marzo de 2008 que dejó 203 muertos, más de mil heridos y cerca de 6.000 detenidos y desaparecidos. Asimismo, envió un escrito al Ministerio de Justicia chino para que les notifique la acusación a los afectados y en el que solicita además permiso para poder interrogarlos en España o ante un tribunal de aquel país.

La imputación por crímenes de lesa humanidad recae en el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, y el de Seguridad Pública y miembro del politburó comunista, Meg Jianzhu. Según el juez, los tres acusados fueron los máximos responsables políticos de aquella matanza «sistemática y generalizada» en la región autónoma de Tíbet, que tuvo lugar cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín.

La lista de inculpados se amplía al secretario del partido comunista en Tíbet, Zhang Qingli; al responsable de la comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; al miembro del comité central del partido en Pekín Wang Lequan, y a dos de los responsables militares de aquel ataque: los generales Zhan Guihua y Tong Guishan.

El juez Pedraz solicita interrogar a los ocho y para ello reclama la mediación del Ministerio de Justicia chino por si existe la posibilidad de que declaren en la Audiencia Nacional o en un tribunal de su país, en cuyo caso una comisión judicial española encabezada por el propio magistrado se desplazaría para realizar el cuestionario.

La querella presentada en agosto de 2008 por el Comité de Apoyo a Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa de Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg permitió al juez Pedraz interrogar a varias víctimas y testigos de la represión. Por su despacho han pasado ciudadanos tibetanos exiliados, la abogada Terri Marsh, especialista en derechos humanos, o el considerado 'padre de la democracia de China', We Jin Gsheng, un obrero de Pekín que se alzó contra el régimen político en los años noventa y que pasó varios años a la sombra.

En otra causa de jurisdicción universal que lleva la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, que investiga a los asesores jurídicos de George W. Bush que posibilitaron las torturas en Guantánamo, envió un escrito a Estados Unidos para preguntar si la Administración de Barack Obama investiga este asunto, y, en caso afirmativo, para que le concrete la autoridad jurídica que lo está tramitando.

El magistrado solicita esta información antes de decidir si admite a trámite la querella presentada, a finales de marzo, por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España, que acusa a los demandados de aprobar técnicas de interrogatorio que posibilitan la tortura.