La justicia valenciana ratifica que investigará a Camps por cohecho

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye la investigación sobre la trama valenciana del caso Gürtel, ratificó ayer la validez de la labor realizada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por lo que las diligencias previas por un presunto delito de cohecho que se dirigen contra el presidente de la comunidad, Francisco Camps, y otros tres altos cargos regionales del PP, «seguirán su curso».

Es el segundo espaldarazo que recibe el trabajo del magistrado de la Audiencia Nacional respecto de la trama. El primero, indirecto, se lo dio la pasada semana el juez que investiga en la capital el grueso del caso Gürtel cuando decidió mantener en prisión al máximo responsable de la red e imputarle seis delitos ya definidos por Garzón.

El segundo aval es el que ayer le dio su colega valenciano. Y éste es directo, porque el magistrado Flors resolvió una petición indirecta del propio Camps, que reclamó la anulación de las diligencias al menos en lo que a él respecta por entender que el juez Garzón le investigó sin ser competente para ello, dada su condición de aforado ante el alto tribunal de la Comunidad Valenciana.

El presidente valenciano alegó también algunos de los argumentos recurrentes de los dirigentes del PP desde que estalló el caso Gürtel, como la filtración del secreto del sumario, que atribuyeron al propio Garzón, o el mantenimiento del secreto sumarial, que impidió a los sospechosos personarse en el sumario, conocer los hechos de los que eran acusados y defenderse.

Mediante un comunicado, el tribunal valenciano informó ayer de que el magistrado Flors ha rechazado estos argumentos por entender que las presuntas irregularidades denunciadas «no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la ley». La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal de dicho órgano judicial, iniciativa que, en todo caso, no paraliza los trabajos que decida acometer el juez instructor.

Este respaldo a la labor de Garzón no frenará las críticas del principal partido de la oposición al juez de la Audiencia Nacional, La secretaria general de la formación, Dolores Cospedal, afirmó ayer en la sede central de su partido que estas recientes decisiones «no quieren decir que la instrucción de Garzón no haya sido irregular y no significan que no sea el responsable».

Los números de Costa

Las diligencias por cohecho abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, además de a Camps, afectan al ex vicepresidente Víctor Camps; al ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y al secretario general del PP, Ricardo Costa.

Según las iniciales pesquisas de la Audiencia Nacional, todos ellos recibieron pagos en especie, sobre todo en forma de trajes, por parte de las empresas del entramado de Correa que en Valencia dirigía Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes', cuyas sociedades, con Orange Market a la cabeza, obtuvieron de la Generalitat contratos públicos por un valor que, en lo que va de siglo, supera los diez millones de euros.

Los cuatro hicieron públicas sus declaraciones de bienes. La de Costa daba a entender que su patrimonio se encuentra en números rojos. Ayer se supo que pidió un préstamo de 30.000 euros para comprarse un coche de gama alta valorado en 80.000 euros. Una compra que, al parecer, gestionó Pérez Alonso.

Según su propia declaración, Costa tiene un depósito de renta garantizada de 6.000 euros en ING Direct, además de cuentas en el Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural. Además, paga una hipoteca de 120.000 euros por un piso en Castellón, otra de 25.000 por otro en Valencia y el préstamo de 30.000 euros con el que pagó parte del coche.

Según el juez Garzón, las conversaciones telefónicas entre 'El Bigotes' y Pablo Crespo atestiguan que ambos realizaban presuntas «labores de intermediación» para el número dos del PP valenciano. En el auto de inhibición a favor de la justicia valenciana, el magistrado desveló que «se encargan de la venta del vehículo que utiliza Costa y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios».