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Empleo refuerza con 66 asesores sus oficinas para agilizar trámites y atender el aluvión de parados

Los funcionarios asumen una labor psicológica ante los dramas a los que se enfrentan

| CÁDIZ Actualizado: Guardar
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Los funcionarios de las oficinas de Empleo de la provincia tienen asumida una nueva tarea desde que empezó la crisis. En los últimos meses se han convertido en psicólogos. Los dramas sociales que llegan hasta sus mostradores ponen la piel de gallina. El aumento del número de desempleados que se ha experimentado la provincia ha provocado que las oficinas de empleo tengan que atender a muchos más demandantes, llegando a formar largas colas. Empleo ha reforzado sus sedes con 66 nuevos asesores.

Hace apenas un año nadie esperaba que aquellas imágenes que recordábamos de la década de los noventa, en la que a las puertas de las oficinas del INEM siempre había una hilera de personas esperando recibir atención, se fueran a repetir. La provincia ha alcanzado en abril los 157.370 desempleados, por los 113.639 que había en el mismo periodo de 2008 y los 104.248 de 2007. Esto supone que las 36 oficinas de empleo que existen en la provincia tienen que atender a un 50% más de demandantes que hace un año. Además, hay que tener en cuenta que el dato que hace público el Instituto Nacional de Empleo excluye como desempleados a ciertos colectivos que son demandantes de empleo y que por tanto utilizan los servicios de estas oficinas. Ese es el caso de los subsidiados del campo o los jóvenes en edad escolar, entre otros. Esto supone que actualmente existan 214.803 demandantes de trabajo, en lugar de los 145.945 de hace dos años y los 159.221 de hace doce meses, lo que supone que hay un 35 por ciento más de demandantes que en abril de 2008.

La Consejería de Empleo ha puesto en marcha una serie de iniciativas para tratar de descongestionar las oficinas. No obstante se trata de facilitar el trabajo de los saturados funcionarios y hacer que la espera del usuario sea menor con la simplificación de tareas como la renovación de la demanda a través de servicios como el de los cajeros que funcionan con la huella digital o internet. Existen 114 puntos de empleo en la provincia que tratan de facilitar estos trámites, sobre todo en municipios pequeños donde no existen oficinas.

El aumento de demandantes se está percibiendo mucho más en las poblaciones más importantes donde las colas se están convirtiendo en algo del día a día. En los municipios más pequeños estas colas son mucho menores y aunque se nota el aumento «no llegamos a la misma situación que en las ciudades grandes, salvo durante la puesta en marcha de programas especiales en los que los vecinos ven posibilidades de trabajo», apunta el director de una de estas pequeñas sucursales. Estos empleados han dado a conocer su situación a LA VOZ pero desde el anonimato al que se ven obligados desde la Administración.

Tienen que atender a personas que se encuentran en situaciones dramáticas por lo que «resulta complicado irse a casa sin que se te haga un nudo en la garganta», apunta una funcionaria. El Instituto Nacional de Empleo sigue existiendo dentro de estas oficinas ya que comparte espacio y función con el SAE, toda vez que no están transferidas todas las competencias de empleo. En concreto, el INEM lleva a cabo las gestiones relacionadas con las prestaciones y el SAE está más dedicado a cuestiones como la elaboración del currículo del candidato, el asesoramiento para mejorarlo y la intermediación en la oferta de empleo.

Actuaciones concretas como la puesta en marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de Empleo (Plan Memta) producen que puntualmente exista una saturación mayor de las oficinas, al acudir a ellas muchos usuarios que buscan informarse sobre las posibilidades de contratación. El propio Plan incluye la contratación de 66 asesores que vienen a reforzar las plantillas actuales de las oficinas y, sobre todo, pretenden dar una atención especializada a los demandantes que han perdido su empleo como consecuencia de la crisis.

Los funcionarios consultados por este periódico destacan que sienten «impotencia» en el ejercicio de su profesión ya que «es complicado atender a la gente con las necesidades que tienen y no poder darle una solución definitiva, aunque tratemos de ayudarles, en la medida de nuestras posibilidades», apunta uno de ellos. A esto se une que la situación comienza a ser «dramática» en muchos de los casos porque «se les agotan las prestaciones y se ven desesperados al encontrarse todas las puertas cerradas».

Esta situación la están padeciendo especialmente los ayuntamientos en general y los alcaldes en particular ya que el parado es consciente de que «por muchos problemas que tenga y nos cuenten a nosotros, yo no puedo hacer que se amplíe la prestación», recuerda una funcionaria.