Advertencia irresponsable

L as manifestaciones celebradas con motivo del 1 de mayo llevaron a los líderes de CC OO y de UGT a advertir sobre su propósito de convocar una huelga general en el caso de que el Gobierno proceda a reformar la legislación sobre el mercado de trabajo. Su sola mención obliga a apelar a la responsabilidad con la que los sindicatos deberían conducirse ante la delicada situación por la que atraviesa la economía y, sobre todo, ante el paulatino incremento del paro, que ya supera los cuatro millones de personas. UGT y Comisiones Obreras esgrimieron ayer la eventualidad de la huelga general ante el supuesto de que la CEOE logre poner en marcha las reformas que propugna en el mercado de trabajo. Pero la intención última de ambas centrales no es otra que la de atar en corto el comportamiento del Gobierno, cuyo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no tardó en despejar cualquier duda respecto al sometimiento de las decisiones gubernamentales al previo consenso en el marco del diálogo social. Una posición que se explica en buena medida por el estrechamiento del margen de maniobra de un Ejecutivo afectado por la precariedad parlamentaria en que se encuentra. Lo preocupante no es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero establezca el consenso entre los agentes económicos y sociales como condición de cualquier modificación en las normas que regulan las relaciones laborales. Lo preocupante es que renuncie a formular siquiera ideas y propuestas que pudieran contribuir al objetivo primordial, que no es mantener las cosas tal cual están, sino procurar la recuperación económica y la creación de empleo. En tal sentido, la demanda al Estado para que garantice la cobertura del desempleo y, simultáneamente, promueva la creación de puestos de trabajo puede constituir una reivindicación que refleje los deseos del conjunto de la sociedad. Pero esta doble exigencia requiere, también por parte de quienes la enarbolan, su contraste con los efectos que la crisis está causando sobre las disponibilidades públicas. Resulta más que dudoso que las distintas administraciones, empezando por el Gobierno central, sean capaces de atender al desempleo con las coberturas que le son propias, responder a sus consecuencias sociales a través de medidas suplementarias de asistencia, e impulsar con dinero público iniciativas de diverso orden que generen empleo. Y todo ello sin que se mueva un ápice en la regulación del mercado de trabajo, y sin que ni siquiera se propicie un debate sereno y responsable sobre las reformas estructurales que convendría aplicar, ahora o en el momento en que se vislumbren los primeros indicios de recuperación. Además, el propio aviso lanzado por CC OO y UGT sobre una eventual convocatoria de huelga general podría inducir una mayor conflictividad que ambos sindicatos deberían comprometerse a evitar.