La justicia madrileña avala el trabajo del juez Garzón en el 'caso Gürtel'

El nuevo instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, avaló ayer la investigación de Baltasar Garzón sobre la trama corrupta que salpica al PP al ratificar la situación de prisión preventiva para el cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras interrogarle durante tres horas, confirmó los cargos principales por los que el juez de la Audiencia Nacional le encarceló el pasado 12 de febrero: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

Pedreira rechazó de plano la posibilidad de dejar a Correa en libertad, tal y como había pedido su abogado, José Antonio Choclán, que argumentó, entre otras cosas, que su defendido debía salir de la cárcel para atender debidamente a su hermano inválido. Las dos fiscales Anticorrupción asignadas al caso, Concha Sabadell y Miriam Sánchez, se opusieron a la solicitud de excarcelación.

El magistrado del tribunal madrileño se negó a variar las medidas cautelares que pesan contra el jefe de la red de corruptelas y favores no tanto por la posibilidad de que Correa destruya pruebas, sino por el riesgo de que huya al extranjero.

Fuentes judiciales recordaron que el pasado febrero la policía judicial tuvo que precipitar la redada en la que fueron capturados el empresario y sus dos más cercanos colaboradores, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, porque Correa, sabedor de que estaba siendo investigado, planeaba huir de España horas después. De hecho, el imputado ya había comenzado los trámites para solicitar la nacionalidad panameña. Además, tiene múltiples propiedades inmobiliarias y negocios en el extranjero, en países como Colombia o Senegal.

El juez madrileño y las fiscales de Anticorrupción tampoco se conmovieron por el supuesto deterioro mental y físico de Correa. El empresario fue llevado desde la prisión madrileña de Soto del Real hasta los alrededores del tribunal en una ambulancia, un traslado especial que en muy escasas ocasiones se permite a los presos que van a declarar a un juzgado.

Según fuentes penitenciarias, en la conducción de ayer se usó un vehículo medicalizado escoltado por la Guardia Civil porque el recluso tiene diagnosticada una claustrofobia que le impide viajar en los reducidos calabozos del furgón policial.

Una vez en Madrid, el convoy penitenciario hizo una parada en la cercana Audiencia Nacional para traspasar a Correa a un coche, ya que la ambulancia no cabe en el garaje del edificio judicial, que no está preparado para albergar transportes de detenidos.

Fue en ese momento, sólo durante unas décimas de segundo, cuando se pudo contemplar el rostro de Correa, al que no se veía en público desde hace casi tres meses. El empresario, aunque bronceado de las horas de sol en el patio de la prisión de la sierra madrileña, presenta un aspecto demacrado. Su pelo cada vez más blanco y su barba invadida por las canas le dan un aire anciano.

Nada trascendió de su interrogatorio a manos del nuevo instructor del 'caso Gürtel', más allá de que fue una declaración lenta, ya que el imputado se mostró muy fatigado y deprimido.

Su abogado, que se limitó a señalar que su cliente se declaró inocente, insistió en el deterioro psicológico que el paso por la cárcel ha supuesto para el otrora empresario de éxito. Su depresión está confirmada por los especialistas de Instituciones Penitenciarias, que hace ya más de un mes le incluyeron en el Protocolo de Prevención de Suicidios en la prisión de Soto del Real.

Idénticos delitos

Horas antes de Correa pasaron por el despacho del magistrado Pedreira el presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo-Asins, y el ex director de Calidad y Formación de la empresa FCC Construcción, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente.

El instructor les dejó en libertad sin medidas cautelares tras su interrogatorio. No obstante, les imputó los mismos seis delitos que al cabecilla de la red.

El primero de los empresarios, según la investigación de Garzón, realizó «pagos ilícitos» a Correa a cambio de sus oficios para conseguir la adjudicación de proyectos urbanísticos en varios municipios gobernados por el PP, entre ellos Boadilla del Monte y de Pozuelo de Alarcón.

En el caso de Carrasco, el juez de la Audiencia Nacional le acusó de haber entregado a la trama de Correa importantes cantidades de dinero que terminaron en manos del eurodiputado Gerardo Galeote y del tesorero del PP, Luis Bárcenas.

El magistrado Antonio Pedreira continuará los interrogatorios el próximo martes. El juez tiene pendientes más de medio centenar de declaraciones: todos los imputados de la trama corrupta, a excepción de los cuatro sospechosos que son investigados por la justicia valenciana.

Pedreira comenzó el pasado martes la nueva instrucción sobre el tronco principal del 'caso Gürtel' con el interrogatorio del diputado del PP de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor; el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado, y el abogado Santiago Lago Borstein. Todos ellos quedaron en libertad, pero imputados por los mismos seis delitos que el resto de los supuestos integrantes de la trama corrupta.