Los imputados en el desfase en la Caja dicen que el dinero pudo salir por facturas falsas

Las investigaciones sobre la desaparición de dinero público de la Caja Municipal de San Fernando continúan. Y aunque las últimas diligencias aún no se han hecho públicas, a causa del secreto de sumario decretado por la jueza instructora del caso, lo cierto es que los imputados han transmitido el modo en que consideran que podría haberse extraviado el dinero del Ayuntamiento. Los dos únicos imputados, Clemente R. G. y María José L. de C., se han declarado de nuevo «inocentes» de las acusaciones y han manifestado a sus abogados defensores que el dinero «podría haber salido de las dependencias de Economía y Hacienda a través de facturas falsas o algún documento contable que permitiera realizar los pagos».

El abogado de Clemente, Ignacio Quintana, señaló que «está quedando claro que los dos acusados no tienen nada que ver en la causa que se les imputa por la cantidades que se están barajando». Quintana resaltó que «resulta muy difícil de creer» que los dos funcionarios pudiesen haberse llevado los 7,6 millones entre 2003 y 2006, ya que hubiese sido necesaria la participación de más personas.

Además, el abogado, en nombre de los imputados, manifestó que «ahora parece que está claro cómo ha salido el dinero, lo difícil de explicar es cómo ha entrado tanto en el Ayuntamiento, y quienes lo tienen que explicar son el Interventor y la Tesorera». Ambos responsables podrían estar en estos momentos en el punto de mira de la Policía Judicial, según comunicaron a LA VOZ fuentes cercanas al caso. Sin embargo, por el momento, desde la Comisaría Nacional de Policía aseguran que las investigaciones continuarán antes de que se realice ningún tipo de actuación y descartan que se produzcan detenciones en los próximos días.

Por otra parte, mañana se cumple un mes desde que se produjeran las detenciones de los dos funcionarios responsables de la Caja Municipal. La juez encargada del caso decretó que ambos funcionarios fueran puestos en libertad después de pasar tres días en los calabozos de la Comisaría y fue decretado el secreto de sumario sobre el caso durante un mes. Por ello, durante la próxima, semana la juez deberá decidir si se levanta el secreto, lo que desvelaría muchos de los interrogantes sobre el caso, o si vuelve a prorrogarse durante un mes más. Sobre este asunto, el abogado de María José L. de C., Juan Manuel Priego, explicó que «mensualmente se notifica a las dos partes el auto tras la resolución judicial motivada, es decir, no puede prorrogarse el secreto sumarial de forma mecánica, tiene que estar justificado». Quintana, por su parte, señaló que «podría levantarse el secreto de sumario de forma parcial, pero creo que va prorrogarse al menos hasta que la Unidades Especiales de la Policía Judicial emitan un informe».

Quejas ciudadanas

Las asociaciones de la ciudad continúan pidiendo a los responsables políticos que asuman sus responsabilidades. Ya lo hizo el Foro Ciudadanos por La Isla, pidiendo «que se depuren responsabilidades políticas con dimisiones inmediatas», y ahora la asociación Casco Histórico ha tachado la situación de «alarmante» y ha exigido que se «explique las cifras de las cuentas económicas rendidas durante estos años al Pleno». Asegura que «no ha habido control» sobre el dinero y se pregunta «cómo se han aprobado los presupuestos año tras año».

Por su parte, el PP ha pedido al PSOE que «deje de atacar e intentar hacer un juicio paralelo».