De Lugo apuesta por la mediación previa para aliviar la sobrecarga

Los asistentes a la presentación de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) experimentaron ayer un dejá vu generalizado. En el salón del plenos de la Real Chancillería de Granada parecía no haber trascurrido todo un año cuando el presidente del Alto Tribunal andaluz, Augusto Méndez de Lugo, volvió a utilizar palabras tan duras como «trasnochado» y «seriamente deteriorado» para calificar el sistema judicial cuyo funcionamiento le toca analizar cada año. Y, como cada año, la calificación fue un suspenso. Así lo manifestó públicamente para poner en evidencia la falta de impulso político demostrado para, de una vez por todas, iniciar y llevar a buen puerto la reforma de un sistema judicial que, por primera vez en la historia, ha vivido una huelga de jueces.

Como ejemplo, un dato de la parálisis endémica: «El informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial de los problemas del sistema en 1997 podría ser trasladado a hoy sin problemas». Doce años sin una solución efectiva. Pero dijo «ver luz al final del túnel» porque la clase política «ha tomado conciencia» del problema. Eso sí, reclamó un «gran pacto político» para realizar la reforma.

Para no quedarse en la mera crítica, así, propuso algunos mecanismos de cambio que frenarían el colapso. Y, a diferencia del discurso defendido desde otros sectores, el presidente del TSJA no cree que se trate sólo de ampliar la planta de juzgados. «No se trata de crecer por crecer». Más bien se trata de analizar lo existente para organizar mejor. El proceso -los pasos actuales por los que se rige un pleito- es uno de los pilares que, desde su origen, según De Lugo, debe ser cambiado. Como medida novedosa, abogó por mecanismos de solución de conflictos extrajudiciales.

Pilares del cambio

Esto es, pactos entre las partes que eviten acudir al sistema judicial. Una medida que serviría para descongestionar al mismo. Esto, destacó el presidente, se ha conseguido en jurisdicciones como Lo Social -conflictos laborales- y se hace, cada vez más, en asuntos «tan sensibles» como Lo Penal. Por ello, abogó por su refuerzo para jurisdicciones tan castigadas como Lo Contencioso-Administrativo, la que peor situación soporta desde hace años y que actualmente, en Andalucía, acumula 40.000 asuntos pendientes.

Al hilo de esto último, introdujo la idea de acortar los procedimientos para evitar que el derecho a recurrir sea infinito y esto llene los tribunales de «nimiedades». Y puso un ejemplo: «No tiene sentido que la sala esté resolviendo un recurso sobre una multa de 100 euros». Por otro lado, citó las reformas legislativas, como las de Tráfico, que convierten en delito lo que antes era una infracción administrativa, «provocando el aumento de los litigios». Para Méndez de Lugo, en esta política «late el reconocimiento del fracaso de las medidas administrativas de control, pero no es seguro que el ámbito penal sea el más adecuado para conductas que, en la mayoría de los casos, no alcanzan la gravedad del ilícito penal». Este último año se registraron 180.000 casos más.