Bienvenidos al mundoreal

La realidad no dio ni un minuto de tregua al nuevo Gobierno andaluz. Ni siquiera habían tomado posesión el viernes los consejeros, aún resacosos tras el desbordamiento de besos y abrazos de la víspera, que aquello parecía una boda masiva de esas de la secta Moon, cuando el cielo cayó sobre sus cabezas en forma de EPA (Encuesta de Población Activa). De los cuatro millones de parados que ha alcanzado España, un millón tocan a la comunidad autónoma andaluza, el 24% de todos sus trabajadores, y de ellos 145.100 a la provincia de Cádiz, donde de nuevo subió el desempleo más que en ninguna parte- 24.100 nuevos parados- para elevarse a una tasa del 26%. Ese es el panorama- así de radical- al que se enfrentan José Antonio Griñán y su equipo. En especial el consejero Antonio Fernández, que sigue detentando la «cuota gaditana», como no podía ser menos porque para parados, los de aquí, y que repite cargo sin ni siquiera cambiar de nombre su cartera. A estas alturas, usar la palabra Empleo como área de competencias parece una broma macabra. Como chirría su balbuceante explicación de los datos, recién prometido el cargo. Una cosa es que haya que mantener el tipo, o la entereza, pero escudarse en la cifra de activos o en la posibilidad de advertir una cierta desaceleración es tanto como admitir que no tiene respuestas. En su descargo aceptemos que es difícil de explicar que, pese a tantas promesas electorales y tanto dinero para «políticas activas de empleo» y otros rubros, se haya alcanzado un cantidad de gente sin curro que no se daba desde el primer trimestre de 2000.

La prueba del algodón, ese que «no engaña», de lo que vaya a significar la nueva etapa Griñán estará, precisamente, en la cifra que presente el área de Antonio Fernández cuando acabe su mandato, o cuando pasen unos meses. No será la única magnitud económica a considerar, claro, pero sí la más contundente, aquí y ahora. Por supuesto que influirá lo que haga Innovación, donde llega Martín Soler desde Agricultura (siempre me ha resultado curioso cómo se puede cambiar de competencias de un gobierno a otro, ahora y siempre) con el reto personal de hacer la faena del siglo, si quiere tener opciones a suceder a Griñán dentro de siete años. También será objetivo de Educación, prueba de fuego para Mar Moreno, la supuesta candidata de ZP al futuro relevo hábilmente llevada al redil del poder con este cargo, a quien el nuevo presidente andaluz ha encomendado la cartera que será eje de todas las prioridades. Y no digamos lo que deberá contribuir a reducir el paro Rosa Aguilar desde Obras Públicas. Será la ocasión, además, de probar la coordinación transversal, que la Junta hasta ahora ha tenido en la carpeta de «pendiente».

Esa es la cuestión, que diría Hamlet. No deja de ser un juego de salón elucubrar acerca de que si renovación o continuidad, si Ferraz impone o si gana el «aparato», si las concesiones a Andalucía Oriental, y en especial a Málaga, son para que se callen los socialistas críticos de por allí. Incluso constatar si las prácticas políticas de cuotas se mantiene, que sí lo hacen, o hasta si esta vez será por fin efectiva la descentralización, prometida más de una vez por Chaves antes, y la reforma de la Administración autonómica, también un «clásico» en los discursos de investidura. La lucha contra el paro ha encabezado tradicionalmente el top ten de las promesas políticas, del uno al otro confín. Con los resultados que hemos visto.

Qué lejos de los salones de recepciones, la EPA. Griñán y su equipo saben. Habrán de demostrar ahora que aún nos quedan comienzos.

Responsabilidad política en La Isla

Es increíble que desde 2003, al menos, a ninguno de los concejales de Economía y Hacienda, alcaldes o tenientes de alcalde de la Isla de León se les haya ocurrido comprobar que la caja del Ayuntamiento contenía el dinero en metálico que el arqueo decía tener. Más difícil de creer es por cuanto ha tenido, con el bastón de mando en la mano o en la sombra, a un experto reconocido en economía y recaudación, Manuel María de Bernardo. Pero el colmo de los colmos es que el Ayuntamiento de San Fernando en pleno siglo XXI confiara a una caja 7,6 millones de euros, que son más de mil doscientos miles de millones de las antiguas pesetas. La responsabilidad política es innegable, tuvieran o no la llave, como lo es el escándalo administrativo y de gestión. La Cámara de Cuentas tiene que agilizar su veredicto, ante la alarma social. Y la Policía, a encontrar a los rateros.

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