Más de 4.000 familias gaditanas recurren a entidades sociales para poder sobrevivir

Los comedores sociales, los albergues y las entidades encargadas de asistir a personas con problemas económicos se están viendo desbordadas ante la cantidad de familias que acuden pidiendo ayuda. Desde estas organizaciones se pide una mayor implicación de las administraciones públicas ante las dificultades que están encontrando para poder atender la avalancha de personas que cada día se presentan en sus puertas.

El caso de Cáritas es uno de los más llamativos por el escandaloso aumento de solicitudes. Un informe de la entidad del pasado mes de noviembre indicaba que se habían atendido a unas 3.000 personas. Ese mismo informe lo están repitiendo actualmente y según su secretario general, Jesús Quiles, se estima que en tan sólo cinco meses «se haya aumentado el número de asistencia en torno al 55%». Es decir unas 1.500 personas más que acuden de forma diaria a las distintas sedes de la organización en busca del sustento. Pero esta entidad no es la única que se está viendo desbordada, ya que los comedores sociales se han convertido en el principal indicador para ver de qué modo está golpeando la crisis a las familias. Las instalaciones de El Pan Nuestro, en San Fernando, son un ejemplo pues han duplicado el número de personas que atienden a diario. De un centenar ha pasado a casi 220, de modo que requiere más de 400 euros diarios para poder continuar con su actividad. El comedor de María Arteaga en Cádiz también ha notado un aumento de personas pues hay días que superan las 80. Otros de la provincia, así como los albergues, también padecen esta masificación para la que no están preparados, sobre todo porque el número de personas con necesidades ha aumentado de forma alarmante en pocos meses.

Por el momento están sorteando la situación, pero advierten que de seguir así podría haber verdaderos problemas en cuanto al mantenimiento de los recursos y las posibilidades de atención a las familias. Uno de los aspectos más llamativos es el cambio de perfil de las personas que acuden a pedir ayuda. El responsable de Cáritas asegura que «se trata de familias jóvenes que llevan en paro varios meses y no pueden hacer frente a su hipoteca». Quiles resaltó que «lo más curioso es que les da vergüenza acudir directamente a la entidad y van a las parroquias». Fundamentalmente piden dinero para pagar la vivienda, los suministros o incluso la bombona de butano.

Ante esta complicada situación las organizaciones exponen la necesidad de que haya una mayor implicación de las administraciones locales «aunque sabemos que tampoco lo están pasando bien pero es necesario», asegura Rafael Lara, presidente provincial de Pro Derechos Humanos (APDH). Esta visión la comparten el resto de organizaciones, que comienzan a dudar de sus posibilidades para gestionar los recursos que se precisan para hacer frente al complicado futuro que se les presentan a las familias.

Incluso las zonas están cambiando y las parroquias más desbordadas por solicitudes no son las de los barrios más modestos, sino de aquellas barriadas que sin presentar signos de exclusión está pasando por unos momentos muy complicados a consecuencia del alto desempleo.

El párroco Juan Mariano Jiménez Zayas, de la Asociación El Pan Nuestro en la localidad isleña, asegura que sólo en una semana ha llegado a recibir a una familia de seis miembros y a otra de siete. «La situación comienza a ser insostenible y es necesario que se tomen medidas urgentes para evitar que sea todavía peor», insiste sin cansarse.

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