El permiso para torturar partió de Rice

El círculo se cierra. El rastreo de quién fue la primera persona que autorizó el uso de torturas durante el Gobierno de George W. Bush llevó ayer hasta Condoleezza Rice cuando era asesora de Seguridad Nacional.

Ocurrió en julio de 2002, diez meses después de producirse los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. Con el permiso de la luego secretaria de Estado, Abú Zubaydah fue sometido 83 veces en un mes a la técnica de tortura conocida como 'waterboarding' o simulacro de ahogamiento. En la cárcel secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) donde fue internado, al que era considerado uno de los líderes de Al-Qaida cuando fue detenido en Pakistán los verdugos le taparon la cara con un trapo y le derramaron encima chorros de agua con la cabeza hacia abajo para hacerle sentir que moriría ahogado.

La aprobación del método de tortura fue verbal, por lo que nadie cree que partiera de la propia cárcel. Lo lógico es que previamente se hubieran producido debates más elaborados. Alguien más arriba, probablemente en la Casa Blanca, debió darle el visto bueno. Pero lo que sin duda ha quedado en evidencia es que Rice sabía más de lo que dijo bajo juramento.

En otoño pasado, la ex secretaria de Estado envió un testimonio escrito al Senado en el que sólo recordaba que la CIA hubiera mencionado en alguna reunión las técnicas de interrogatorio que usaba. Y a lo largo de su mandato, Rice repitió numerosas veces en público que Estados Unidos no tortura ni condona que lo haga ninguno de sus funcionarios.

Vuelta de tuerca

La técnica del 'waterboarding' data de los tiempos de la Inquisición y fue también utilizada por los japoneses durante la II Guerra Mundial en los campos de concentración donde retuvieron a los prisioneros estadounidenses. De hecho, EE UU juzgó y condenó por ello a los verdugos nipones que la aplicaron tras producirse la derrota del imperio del Sol naciente en 1945. La implicación de Rice supone una vuelta de tuerca más para la situación desatada el jueves de la semana pasada al hacerse público los memorandos internos en los que los abogados del Departamento de Justicia validaron con todo detalle el uso de numerosas torturas que ellos llaman «técnicas de interrogatorio».

El nuevo relato que pone a Rice en la picota procede del Comité de Inteligencia del Senado. De ahí, el diario 'The Washington Post' deduce que la antigua responsable de la Seguridad Nacional estuvo al corriente de la aplicación de torturas mucho antes que su entonces superior Colin Powell, secretario de Estado, y que el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, que según los documentos no habrían sido informados hasta septiembre de 2003. O sea, un año después de que Rice diera el visto bueno a la agencia de inteligencia para aplicar los mencionados métodos de interrogatorio.

Rumsfeld también ha sido acusado de autorizar las técnicas de tortura usadas en Guantánamo, Afganistán e Irak, según los documentos hechos públicos el martes por el Comité de Servicios Armados del Senado.

Todo parece indicar que el Congreso, de mayoría demócrata, se ha unido a la presión que ejercen los grupos de derechos humanos, que piden una comisión de la verdad o un fiscal especial que analice más en profundidad lo sucedido. Donde «seguro habrá algún tipo de investigación es en el Congreso», prometió ayer a la cadena MSNBC la senadora Claire McCaskill, que es parte del subcomité permanente de investigaciones, así como de los comités de Servicios Armados y Seguridad Nacional.

Carta a Obama

El fiscal general, Eric Holder, encargado de decidir si abre una comisión de indagación, ya ha anunciado que «nadie va a quedar por encima de la ley». Y el senador demócrata Russ Feingold, en una carta dirigida a Obama, ha pedido que «no se excluya la posibilidad de iniciar pesquisas sobre quién es el responsable».

Por contra, dos senadores republicanos y un independiente, conocidos por condenar la tortura, emitieron ayer un comunicado en el que se oponen a la investigación pública, al igual que el resto de la formación conservadora. El ex candidato presidencial, John McCain, el ex aspirante demócrata a la vicepresidencia con Al Gore, Joe Lieberman, y el senador Lindsey Graham creen que enjuiciar a los asesores legales de Bush que aprobaron la tortura impediría a otros presidentes recibir el consejo legal apropiado. A su juicio la comisión «se centraría en los errores del pasado» en vez de buscar «soluciones para el futuro».