Pagar el pato

C on su reconocida habilidad para 'hacer' política y estar 'en' política, el presidente Barack Obama ha entreabierto la puerta que lleva a la posibilidad de procesar a quienes crearon en su país tras el 11-S una pseudolegalidad que autorizó a la CIA a recurrir a técnicas alternativas de interrogatorios; un eufemismo que parece encubrir acciones de tortura o, al menos, de lo que se entendería por tal. Obama ha acotado bien el terreno desde los siguientes criterios: a) Proteger a la CIA como agencia, con el nombramiento como director de una persona de su confianza, Leo Panetta, y a sus agentes sobre el terreno en cuanto que sometidos al imperativo de la 'obediencia debida'; b) Dejar a la iniciativa del ministro de Justicia la evaluación jurídica del asunto, fórmula que, de entrada, utilizan todos los políticos en apuros con el consabido recurso a la Fiscalía; c) En cualquier caso, 'mirar hacia delante y evitar disensiones sociales'.

Obama no se equivocó en sus cálculos al esperar una reacción del ala izquierdista de su partido, de las grandes organizaciones pro derechos humanos y una cierta agitación internacional. Pero pertenece ya a la nómina de un país donde la elevada función presidencial está muy sacralizada, por lo que es consciente de que encausar a un presidente (y, en este caso, a un vicepresidente tan fuerte y corresponsable del Gobierno como fue Richard Cheney) no es fácil ni es seguro que suscite gran aceptación popular. Por eso, todos los boletos los tienen los tres ministros de Justicia (fiscales generales por otro nombre) de la 'era Bush': John Ashcroft, Alberto Gonzales y Michael Mukasey. El segundo, miembro del clan de los texanos y amigo personal del ex presidente, fue además su asesor legal antes de ocupar la cartera y parece el más cercano a la creación del espacio técnicamente legal que habría producido los abusos.

Si el ahora fiscal general, Eric Holder, sigue adelante, es probable que Obama sopese otorgar un perdón presidencial para Bush y Cheney, como hizo Gerald Ford con Richard Nixon tras el Watergate, antes de pasar a mayores. Se plantearía, sin embargo, un conflicto político con el resto de responsables que, como el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, o la ex consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, estuvieron al corriente de las nuevas prácticas de interrogatorio. Obama tiene ante sí, por tanto, una oportunidad. y un problema.