El PP pide que el Ayuntamiento de Rota tenga acceso a la información de las obras hechas en la Base Naval

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para que el Ayuntamiento de Rota pueda tener acceso a la información sobre las obras realizadas dentro del recinto de la Base Naval de Rota y así poder liquidar las cantidades correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de este espacio militar.

Según consta en el texto de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el diputado Aurelio Romero quiere que el Congreso inste al Gobierno a que autorice al consistorio roteño a acceder a la información a través de "cuantas inspecciones fueren necesarias" de modo que se facilite que éste pueda percibir los impuestos que le corresponden y el Estado, cumplir con sus obligaciones tributarias.

El origen de la petición formulada por Romero está en las "dificultades" que tiene el Ayuntamiento para cobrar los tributos y, concretamente, por la postura "totalmente negativa" del Ministerio de Defensa a abonar el IBI del recinto militar que usa la Marina estadounidense.

Además, el consistorio tiene "noticias" de que desde 2006 en la base se realizan obras sin que "conste" que la Administración estatal o la Marina de EE.UU. hayan presentado algún tipo de solicitud o escrito ante la administración local en los que se comuniquen su realización, soliciten exención o la correspondiente licencia de obras que proceda.

Así las cosas, el diputado nacional considera que esa actitud pretende "eludir el cumplimiento de las obligaciones" establecidas, lo que implica "un desprecio hacia las administraciones inferiores", en este caso, el Ayuntamiento de Rota.

El Area municipal de Gestión Tributaria ha tramitado un expediente al efecto para que Defensa o la Marina de EE.UU. presentasen la documentación de las obras y se les han dirigido varios requerimientos que han sido "obviados" por ambas administraciones, por lo que se procede a tramitar formalmente expediente de comprobación limitada.

Sin embargo, Romero presume que, a la vista de los "antecedentes de negativa a presta colaboración y cumplir con sus obligaciones fiscales y urbanísticas", ese documento será "igualmente infructuoso". "Con total probabilidad el Ayuntamiento se verá nuevamente avocado a acudir a la vía judicial para que los Tribunales reconozcan el derecho a exigir a la administración estatal el cumplimiento de sus obligaciones", añade.