Más de 3.300 jerezanos subsisten sólo con la paga no contributiva

La elevada tasa de paro que soporta la ciudad y la falta de oportunidades a la hora de encontrar un empleo suponen un inconveniente más para las numerosas familias que viven el día a día luchando por subsistir con pocos recursos. Es por ello que las pensiones no contributivas se convierten en una pequeña tabla de salvación a la que se agarran para no perder la esperanza de salir del túnel, especialmente el sector de la población jerezana que vive por debajo del umbral de la pobreza, que con los efectos de la crisis económica ha ido creciendo a pasos agigantados a lo largo de los últimos mes.

Según los últimos datos disponibles, en Jerez recurren a las pensiones no contributivas dieciséis personas por cada mil habitantes para superar la barrera de 3.300 ciudadanos, una cifra que se ha consolidado en los últimos años. Concretamente, los datos revelan que desde 2001 hasta la actualidad, la media anual de beneficiarios de las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social es de 3.232.

A estas ayudas se acogen las personas que carecen de medios económicos para subsistir, que deben cumplir una serie de requisitos, principalmente no haber cotizado el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones contributivas -que debe ser al menos quince años-. Se permiten dos tipos de prestaciones: por jubilación y por invalidez. No obstante, su concesión tan sólo significa un pequeño soporte al que agarrarse para las economías familiares más desfavorecidas, pues el salario mensual que reciben es 336,33 euros, mientras que al año supone un ingreso de 4.709,62 euros, es decir unos recursos que se encuentran muy por debajo del umbral de la pobreza.

De hecho, con esta cantidad de dinero parece imposible salir adelante, pues sólo disponen de poco más de diez euros diarios para hacer frente a las necesidades básicas para comprar alimentos, a las que habitualmente se une el coste de la hipoteca, que en muchos casos supone el mayor lastre al que deben hacer frente para no perder sus viviendas. Aunque las prestaciones no contributivas van dirigidas a personas que no tienen otros ingresos, si forman parte de un núcleo familiar pueden acceder a ellas siempre que la renta anual de todos los miembros de la familia no supere ciertas cantidades de dinero, especialmente en el caso de tener bajo su amparo a hijos o padres.

La estructura laboral de la sociedad hace que buena parte de sus beneficiarios acaben siendo mujeres, que en muchos casos no tuvieron más remedio que dejar de trabajar al convertirse en madres y verse desbordadas por sus labores familiares.

Por ello, las ayudas sociales se convierten en una herramienta importante para superar las adversidades económicas. En la mayoría de los casos, las personas que no tienen otros ingresos que las pensiones no contributivas recurren a organizaciones públicas y privadas que socorren sus necesidades primarias entregándoles comida y ropa, aunque en los últimos tiempos, los efectos de la crisis han provocado que algunas instituciones, como Cáritas Diocesana intenten cubrir también las facturas de luz y agua a los más necesitados, para que estas familias no acaben quedándose sin suministro por impago.

Ayudas para alquilar

Mantener un hogar en propiedad supone un alto coste al que no pueden hacer frente las personas que viven al límite de sus posibilidades. De hecho, uno de los efectos más devastadores que está produciendo la crisis económica es el impago de las hipotecas que en la mayoría de los casos termina provocando el desalojo de las casas en las que habían invertido sus ahorros.

Por ello, los alquileres se convierten en las mejores alternativas a la hora de encontrar un techo y para fomentar esta opción, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía invirtió el pasado año más de 190.000 euros en ayudas para el complemento de las pensiones no contributivas destinadas al alquiler de vivienda.

Sin embargo esta medida estableció un pago único anual que en el ejercicio anterior se concretó en 350 euros, según explicó en su momento el Gobierno andaluz, añadiendo que en el presente año las prestaciones adicionales se han incrementado en un ocho por ciento.

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