Anticorrupción denuncia una posible malversación en el pago de facturas del Ayuntamiento de Sanlúcar

La justicia vuelve a intervenir en un Gobierno de la provincia y en este caso es la Fiscalía Anticorrupción la que ha presentado denuncia contra antiguos integrantes del Consistorio, cuando era gestionado por el PP, tras un informe técnico elevado al Ministerio Público por los actuales regidores socialistas. El ex delegado de Hacienda, Marco Antonio Caballero, y el que fuera primer teniente de alcalde, Rafael Rubio, junto a otras cinco personas más, están imputados por su supuesta autoría en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

A finales del año pasado, la actual delegada de Hacienda de Sanlúcar, Inmaculada Muñoz (PSOE), remitió a la Fiscalía de Jerez un informe técnico emitido por el economista adscrito a la Concejalía de Hacienda en el que se alertaba de posibles irregularidades contables, que habrían ocurrido entre los años 2002-2005. La documentación incluía una serie de facturas por servicios externos de asesoría, cobradas por cuatro empresas de Cádiz y Ceuta, en las que se subrayaban irregularidades en el procedimiento de pago y en algunas, según los indicios recabados por la Fiscalía, no constaba incluso que se hubiera realizado el servicio contratado.

Ante la posible implicación de funcionarios y de responsables municipales en esas fechas, la Fiscalía de Jerez derivó el asunto a la delegada Anticorrupción, Virginia Alonso, quien formulara meses atrás una denuncia contra Pedro Pacheco y dos asesores suyos.

Alonso solicitó la comparecencia del redactor del informe técnico para interrogarlo por el contenido del estudio y aportara más documentación sobre el proceso de pago de las facturas sospechosas, un total de once, emitidas entre enero de 2002 y agosto de 2003 y cobradas en el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2002 y febrero de 2004.

El estudio de esa documentación ha desembocado en una denuncia formal remitida a los juzgados de Sanlúcar a finales de la semana pasada contra tres administradores únicos -por esas fechas- de las empresas de asesoría, el interventor municipal en la etapa del Gobierno popular, Marco Antonio Caballero, que actualmente es concejal popular en la oposición; Rafael Rubio, quien se marchó a Navarra para integrar la gestora del PP tras la ruptura política con UPN, y la secretaria de éste último durante su etapa en el Consistorio sanluqueño. Esta funcionaria completa la lista de imputados, aunque la denuncia de la Fiscalía ya apunta a la posibilidad de que pueda haber más personas implicadas conforme avance la investigación judicial.

Por la vía urgente

De las once facturas presentadas por el Ayuntamiento, el Ministerio Público ha descartado que existan irregularidades en dos de ellas, y sí que ve indicios de delito en las restantes nueve, que suman un valor total de 101.978, 97 euros que han salido de las arcas públicas. Estos servicios contratados fueron abonados mediante el mismo procedimiento administrativo que responde a las siglas ADOP (Autorización, Disposición, Ordenación y Pago).

Dicho trámite, como explica la fiscal en su denuncia, se estable para supuestos muy excepcionales y que requieren una partida presupuestaria de manera urgente. Esa urgencia es la que motiva que todo el procedimiento, desde la autorización hasta el pago se realice en un mismo acto, aunque existen «trámites indispensables» que se habrían obviado en cada uno de los contratos bajo sospecha, y que son la base de la denuncia de la Fiscalía.

Ahora será el juzgado que asuma este asunto, por reparto, el que abra diligencias, que pueden concluir en el archivo de las actuaciones por falta de indicios o en un auto de procesamiento por unos delitos penados con penas que llegan a los diez años, en el caso de la malversación.

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