La Junta asegura que los errores en la estructura de mandos son «subsanables»

El requerimiento realizado por la Junta al Ayuntamiento de Jerez para que anule antes del 30 de abril su actual estructura de mandos -compuesta por alrededor de 180 altos cargos- ha provocado un revuelo considerable en el albero político de la ciudad. Ayer continuaron las reacciones tras el anuncio realizado por el PP el lunes de la existencia de la mencionada orden dada por el ente autonómico al Consistorio jerezano. Las más esperadas eran, lógicamente, la del delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, y la de la alcaldesa de la ciudad, Pilar Sánchez. Y, tal como se esperaba, ambas buscaron principalmente restarle importancia el asunto.

Así, Gómez Periñán destacó la «absoluta normalidad» de este tipo de requerimientos a los ayuntamientos y aseguró que «se está dando al asunto más importancia de la que tiene». Según explicó, la distintas delegaciones del Gobierno de la Junta envían distintos escritos a los consistorios «cuando entendemos que hay algún acuerdo que debe sufrir algún tipo de modificación por las razones que sean». De hecho, por poner un ejemplo, dijo que «en los últimos años se le pueden haber mandado unos 30 escritos de este tipo al Ayuntamiento de Cádiz».

En el caso de Jerez, el delegado del Gobierno andaluz reiteró que los técnicos consideraron necesario que se modificase el acuerdo plenario relativo a los 180 puestos de trabajo correspondientes a la denominada estructura de mando del Consistorio, aclarando que la Junta «no ha anulado ningún acuerdo, entre otras cosas porque no tiene capacidad legal para hacerlo».

Finalmente, subrayó que «no se trata de ningún asunto que no se pueda subsanar» y aseguró que tienen constancia de que el Ayuntamiento jerezano «ya está corrigiendo» el citado acuerdo, para lo que tienen de plazo hasta el próximo día 30 del presente mes de abril.

La alcaldesa

La alcaldesa de Jerez , Pilar Sánchez, por su parte, defendió ayer la legalidad de la mencionada adscripción nominativa de 180 empleos en la estructura de mando del Ayuntamiento. Aseguró al respecto que el Consistorio jerezano «siempre ha actuado, actúa y actuará» de acuerdo con la legalidad vigente, añadiendo que los trabajadores que pudieran sentirse afectados «no tienen de qué preocuparse».

La regidora consideró «normal entre administraciones» este tipo de requerimientos, que justificó en el desconocimiento de la Junta de Andalucía del «siguiente paso» dado por el Ayuntamiento, que fue el inicio del proceso de elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Pilar Sánchez aseguró, asimismo, que ambas partes se están «reuniendo permanentemente» para aclarar la cuestión. También aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores afectados. Y concluyó criticando la actitud de María José García-Pelayo, portavoz del PP en Jerez, partido que denunció dicha estructura de mando municipal ante la Junta y que también la ha llevado a los tribunales: «Se dará cuenta del nuevo error que está cometiendo».

El requerimiento del Gobierno autonómico se produjo el 27 de marzo pasado, aunque el documento no entró en el Ayuntamiento de Jerez hasta el día 30. Fijaba un plazo de un mes para que el Consistorio anulase la reseñada estructura de altos cargos, aprobada a finales de enero. Argumenta, entre otras cuestiones, que el mismo «conculca los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». También que «no consta la (necesaria) aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo», que es el documento técnico que debe estipular la ordenación de todo el personal municipal de acuerdo con las necesidades de los servicios, los requisitos para el desempeño de cada puesto y las retribuciones correspondientes.

El Ayuntamiento de Jerez señala respecto a esto último que ya lleva tiempo trabajando en la mencionada Relación de Puestos de Trabajo.

wjamison@lavozdigital.es