El Congreso desvelará el trabajo extraparlamentario de sus señorías

El Congreso decidió ayer acabar con treinta años de secretismo sobre el trabajo extraparlamentario de sus señorías. La Comisión del Estatuto del Diputado acordó por unanimidad hacer públicos los dictámenes de las actividades que, al margen de la labor legislativa, realicen los representantes de la soberanía popular.

Bastó que saliera a la luz pública que cuatro diputados del PP habían pedido permiso para desempeñar unas actividades profesionales que, en apariencia, tenían poco que ver con el trabajo legislativo para que un uso parlamentario con tres décadas de vida se pusiera en solfa.

Estos cuatro parlamentarios requirieron hace un mes autorización de la cámara para participar en consejos de administración de empresas privadas y un sinfín de patronatos de fundaciones.

Fueron los ex ministros Ángel Acebes y José María Michavila; el ex presidente de Endesa e Ibercaja, Manuel Pizarro, y el ex director general de RTVE Fernando López Amor.

Aunque obtuvieron el visto bueno de la institución, más de 40 diputados no avalaron esa compatibilidad de actividades.

El motín, el primero en este terreno en la historia del Congreso, sentó las bases para una reforma del régimen de incompatibilidades. La Comisión del Estatuto del Diputado acordó ayer que sus dictámenes, hasta ahora secretos, puedan ser conocidos por todos los parlamentarios y también por los ciudadanos.

La comisión dejó en manos de la Mesa de la cámara que arbitre los mecanismos para que esos informes sean públicos. En aras de terminar con la opacidad, también acordó que la votación de los dictámenes en el pleno sea abierta y no a puerta cerrada.

Su presidente, el socialista Francesc Vallés, sostuvo que con estos acuerdos hay «un antes y un después» en la «publicidad y la transparencia» de la actividad de los diputados. Y subrayó que el de ayer fue «un día importante para el Parlamento y la democracia».

Horas antes, en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó la voluntad del PP de buscar consensos en esta materia para dar «publicidad total» a los dictámenes de la Comisión del Estatuto del Diputado.

La reunión de la comisión ayer dio más de sí. Los grupos acordaron elaborar y enviar un catálogo de recomendaciones a la subcomisión legislativa que estudia la reforma de la ley electoral para definir mejor las incompatibilidades de los parlamentarios.

Hay un pequeño escollo. La comisión no puede constituirse en ponencia ni en subcomisión para estudiar una eventual modificación de la Ley Electoral. Por ello, según explicó Vallés, tiene previsto dirigirse al presidente del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, para consensuar cuál es el mejor método de trabajo.

El objetivo final es que, si se logran consensos, un órgano mixto con diputados y senadores elabore una serie de recomendaciones en torno al régimen de incompatibilidades para remitirlas a la subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso que, desde hace semanas, analiza una posible reforma de la Ley Electoral.