Mujeres mauritanas advierten del peligro de que la pequeña sufra represalias

La denuncia de la menor puertorrealeña a sus padres y la decisión de la justicia española a su favor ha sido interpretada por la tradicionalista opinión pública mauritana como un ataque al corazón de sus costumbres. Concretamente contra una de las más controvertidas: el matrimonio precoz, una práctica que permite a los padres a forzar a sus hijas a casarse cuando son menores de edad con familiares o desconocidos en edad adulta.

Y aunque la sentencia de la Audiencia Provincial no se detiene en la posible ilegalidad del matrimonio entre la menor y su primo, detenido por violación, las informaciones diarias que hasta el país mauritano llegan en sus medios oficiales han distorsionado esta realidad hasta el punto de ser interpretado como un atentado a las tradiciones del país.

«La sentencia del tribunal español ha indignado a la opinión pública mauritana, liderada por la jerarquía patriarcal del país», confirmaba, Mohamed Ould, un abogado mauritano que explica que «la violación dentro el sexo no permitido no es visto como una violación». Amminettou Mint Ely, presidenta de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia, una de las más combativas contra los matrimonios de menores en Mauritania consideraba en este sentido, incluso que la menor podría sufrir represalias: «y podría ser víctima de maltrato y de tortura, si llega a volver a Mauritania», manifestó. Aunque defiende que la menor vuelva al seno familiar «con el compromiso de que no sea de nuevo casada».

Lo cierto es que tras la denuncia se descubre una práctica consi deradas claramente inhumanas, derada por asociaciones como Amnistía Internacional, ya que atenta contra los Derechos Humanos y -lo más paradójico- está restringida por el propio código civil mauritano, una ley que, sin embargo, en la práctica ha quedado en papel mojado.

Una ley no aplicada

«El código [que los prohíbe] no es precisamente el libro de cabecera de los mauritanos, y menos de los adolescentes», explica Cridem, un medio de comunicación crítico con el régimen que critica que la ley sea ignorada no sólo por la sociedad civil, sino también por los gobiernos. .

La ley fue decretada en 2001. Aunque sus fines, más que un objetivo humanitario, buscaban solucionar el abandono escolar que esquilmaba las escuelas de secundaria del país, debido a que las niñas recién casadas se dedicaban en exclusiva al hogar. «Sacar a una adolescente de la escuela secundaria o la universidad para darla en matrimonio es una violación del derecho a la educación garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño», recuerdan, además desde Cridem

No en vano, la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia estima que más de 30 matrimonios de este tipo llegaron a celebrarse en la capital del país, Nuakchott, sólo en el último mes de marzo. Una cifra que se llega a multiplicar exponencialmente en las zonas más rurales del país, donde las leyes consuetudinarias y la tradición de la figura patriarcal pesan más que las leyes como el Código Civil. «Muchas mujeres se someten a estos matrimonios por ignorancia, porque de hecho, no saben siquiera que el matrimonio está prohibido», explica por su parte Aminettou Mint Ely, que opina que «son tradiciones propias de una mentalidad retrógrada; hace falta un cambio de mentalidad en la sociedad».

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