La Junta no se hará cargo de la menor mauritana porque ya está acogida de «pleno derecho»

La situación personal de la menor mauritana se va clarificando. La delegación provincial de Bienestar Social confirmaba ayer a este medio que no se había producido ninguna intervención de la Administración para hacerse cargo de esta adolescente que actualmente tiene 16 años, y que tampoco se iba a hacer en un futuro, tal y como reclaman los padres biológicos de la joven, porque la familia puertorrealeña que la tiene a su cargo se ha convertido en una familia de acogida de «pleno derecho».

Hace dos días, el matrimonio mauritano que se encuentra en libertad provisional, pedía públicamente la mediación de la Junta para que asumiera la custodia de la chica y se la retirara a la familia española que viene cuidando de ella, de forma regular, como ha reconocido la Audiencia Provincial. Esta petición fue respondida ayer por la Administración zanjando la polémica: «No procede desamparo ni en consecuencia necesidad de actuación de protección puesto que la menor se encuentra al amparo de una familia de acogida en Puerto Real, por determinación judicial».

Si bien la Junta reconoce que este matrimonio había creado un vínculo con la chica sin tener ninguna fórmula legal que lo reconociera legalmente; «ahora, tras la intervención del juez al respecto, se convierte en una familia de acogida de derecho».

El papel que ha desempeñado esta pareja de Puerto Real, que tiene dos hijas mayores de edad, ha sido aplaudido por la propia Audiencia, que en la sentencia dictada contra los padres y el esposo de la víctima, llegó a resaltar la generosidad que habían demostrado a lo largo de los años. Su historia con la joven mauritana nació cuando los ahora condenados se trasladaron a vivir al mismo bloque. Allí entablaron una amistad que se terminó torciendo cuando la víctima se decidió a denunciar que había sido forzada a casarse y a mantener relaciones sexuales con su esposo. Estos vecinos, que siempre han rehuido de la prensa, se hicieron cargo de su cuidado desde que ella tenía tres años y aunque no perdió el contacto con su familia biológica, que al cabo de los años se mudó a otra vivienda cercana, la relación que tiene con el matrimonio español es tan cercana que la menor los considera sus padres.

Durante el juicio se incidió en la amistad que existía entre ambas familias y es que cuando la adolescente enfermó en Mauritania, tras contraer matrimonio, fue el matrimonio español quien costeó los gastos de viaje para que regresara de nuevo a España. Su hermano, de 12 años, también mantuvo una relación similar; sin embargo, cuando se produjo la denuncia, los padres biológicos no le permitieron regresar con la pareja española y en la vista oral llegó a testificar en contra de su hermana.

La preocupación que existe en el seno de la Fiscalía después de que la Audiencia confirmara la situación de libertad para los progenitores de la víctima es la que ha movido al Ministerio Público a no arrojar la toalla aún y está estudiando agotar la última vía que le queda para que se acepte su petición de prisión para Hawa Mint Cheik y Mohamed Ould Abdallahi. Por eso, hoy decidirá si interpone un recurso de súplica.

Frente a la estrategia del Ministerio Público, que ha cerrado filas en torno a la menor para garantizar su protección, el próximo lunes la Audiencia se verá un nuevo episodio de este proceso judicial. El tribunal estudiará la prórroga de la situación de prisión en la que está el esposo de la menor, El Moctar Ould Abderrahmane, quien sigue preso desde que fue detenido en junio de 2007 por haber agredido sexualmente a su joven mujer.

Su letrado, José Álvarez, va a apelar al principio de igualdad y esgrimirá el auto que mantiene en libertad a los padres de la menor, que también están condenados. La madre, además, soporta una pena mayor que su yerno -17 años frente a los 13 de El Moctar- . Con esos mimbres, Álvarez confirmó que si se desestima su petición, recurrirá al Constitucional.

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