La guerra de Costas con los chiringuitos frena los planes de playas de la provincia

La intención del Ministerio de Medio Ambiente de aplicar mano dura a los chiringuitos trae de cabeza a los ayuntamientos. Las concesiones a estos establecimientos se realizan en el ámbito local y se incluyen dentro de los planes de playas que cada año se presentan ante la Demarcación de Costas de su provincia para dar inicio a la campaña de verano. Este documento recoge todas las actuaciones que se van a realizar para la explotación del litoral, desde las ubicaciones de negocios hosteleros y de hamacas a la celebración de eventos deportivos y el dispositivos de seguridad.

El proceso suele estar resuelto justo después de Semana Santa, de manera que muchos municipios pueden comenzar la campaña estival en el puente de mayo. Pero este año la cosa va despacio. La polémica suscitada alrededor de los negocios playeros mantiene atascados todos los planes de la provincia a la espera de que el Gobierno apruebe las nuevas condiciones de los establecimiento.

El objetivo de todo es «evitar que se cometan abusos», así lo manifestaron ayer fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, que garantizaron que no se impondrá nada por la fuerza. «La ministra está dispuesta a llegar a un acuerdo con los empresarios del sector y se negociará hasta donde sea posible, porque cada caso es distinto».

Límites a la superficie

La primera intención del departamento que dirige Elena Espinosa es terminar con los chiringuitos ubicados en la arena que no se desmontan y no cuentan con un acuerdo para prestar servicios en la playa. Ejemplos de este tipo los hay en Málaga, Huelva o Granada, donde los empresarios del sector se mueven de forma activa. En la provincia la situación es distinta, el problema se encuentra en la extensión de los negocios playeros, que según el reglamento de Costas de 1989 no debe exceder de los 20 metros cuadrados. Ése es el espacio que se ha utilizado para la barra y la cocina, sin contar con la terraza. Las fuentes ministeriales dejaron claro que «no se va a permitir que los 20 metros se conviertan en 200, se puede ser permisivo en algunos casos, pero no pasarse de la raya».

Los negocios gaditanos tienen una media de 150 metros cuadrados, aseguró Antonio Galván, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Cádiz (Agepla), con lo que cumplen con el límite que marca la Ley de Costas, vigente desde el año 1988. Así las cosas, dijo no entender por qué había que reducir esta superficie.

La intención de Medio Ambiente es llegar a un acuerdo antes del verano, pero hasta entonces las demarcaciones tienen las manos atadas. El departamento gaditano reconoce que este atasco administrativo supone un retraso de los planes, aunque de momento «no se distancia mucho de temporadas anteriores», dijo el jefe de Dominio Público de la Demarcación, Juan Manuel Abarca. En su opinión, el chiringuito es un servicio más de la playa y tiene que ser regulado y se mostró contrario a que los establecimientos permanezcan ubicados en la arena fuera de la temporada de verano cuando están cerrados. «Nuestra intención es que la campaña transcurra con normalidad y hacemos lo que está en nuestras manos para agilizar todos los trámites, pero sin la autorización de Medio Ambiente -del que dependen directamente- no podemos actuar por nuestra cuenta».

Críticas por el retraso

No obstante, algunos ayuntamientos ya han manifestado su descontento con esta situación. Ése es el caso del consistorio gaditano, del que su concejal de Turismo, Bruno García, criticó este retraso y denunció los perjuicios que puede conllevar no alcanzar una solución.

Sin la aprobación de este documento cualquier actividad que se comience a desarrollar en las playas es denunciable, por lo que algunos municipios como Tarifa, Barbate y Vejer, que habían solicitado comenzar la campaña estival en Semana Santa no lo han podido llevar a cabo. La Demarcación confía en que el trámite se solucione en unos días, aunque no tiene garantías de una fecha próxima. En el caso de que el Ministerio no llegue a un acuerdo, Costas podría hacer la aprobación parcial de los planes y dar luz verde al resto de capítulos que incluyen los documentos municipales sin concretar lo referente a los negocios hosteleros.

Ésa podría ser la solución para que el resto de servicios se instalen con normalidad sin ser incompatible con la norma, aunque los responsables provinciales esperan que la situación se normalice en breve. De momento cualquier actuación sin el visto bueno del Gobierno puede ser sancionado. Estas multas llegan hasta los 6.000 euros si la firma un órgano municipal o superar el millón si se trata de una administración nacional, dependiendo de la gravedad de la infracción.

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