La Fiscalía insiste en que la menor mauritana está «desprotegida» con sus padres en libertad

Un auto escueto de tres folios, rubricado por los tres magistrados que componen el tribunal de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial, confirmaba ayer la situación de libertad provisional para el matrimonio mauritano, condenado por la violación y las amenazas sufridas por su hija. De esa forma desestimaba el recurso de la Fiscalía que había solicitado su ingreso en prisión mientras el Supremo decide revocar o ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial.

Los tres argumentos esgrimidos por el Ministerio Público para hacer valer su petición -falta de arraigo, riesgo de fuga y peligro para la víctima- han sido rechazados por el mismo tribunal que semanas atrás condenó a la esposa, Hawa Mint Cheik, a 17 años, y al marido, Mohamed Ould Abdallahi, a 18 meses por haber amenazado y, en el caso de la madre, haber colaborado de manera esencial en la agresión sexual sufrida por su hija, que tiene ahora 16 años, a manos de su esposo; un marido que la menor, nacida en Puerto Real aunque de nacionalidad mauritana, siempre ha rechazado al haber sido obligada, según su denuncia, a casarse en el país africano cuando tenía 14 años.

La primera reacción de la Fiscalía ante la decisión de la Audiencia ha sido subrayar la enorme preocupación que existe sobre el futuro de la adolescente, «que está especialmente desprotegida», señalaba ayer la fiscal jefe, Ángeles Ayuso. «Su situación como esposa de un hombre que está condenado por una violación, y que tenga a sus padres, también procesados, tan cerca, la hace ser muy vulnerable. Hay que recordar que ya ha habido un grave precedente en el que se ha quebrantado la orden de alejamiento; de ahí nuestra preocupación».

Ese quebrantamiento, ocurrido en el colegio de la menor cuando su madre se encontró con la joven y se dirigió a ella en árabe, fue utilizado por la Fiscalía para hacer ver que la prohibición de acercarse a la adolescente no había servido y que, por tanto, era necesario enviar a prisión a Hawa Mint Cheik, a tenor de la grave pena que pesa sobre ella. Sin embargo, la Audiencia ha dado por válida la explicación que dio la defensa sobre por qué había acudido al instituto. Su letrado aclaró en la vista del pasado martes que había sido llamada por el director del centro para recoger una documentación. «Desde que ha estado en situación de libertad no ha faltado a ninguno de los llamamientos judiciales y ha justificado su presencia en el instituto», detalla el auto de la Sala Tercera. Pese al quebrantamiento, la Audiencia considera que la orden dictada que prohíbe el acercamiento «protege suficientemente» a la víctima.

La retirada del pasaporte, tras haber sido detenida en 2007, ha sido la circunstancia que ha llevado al tribunal a descartar el riesgo de fuga de la madre de la menor. Esa falta de documentación «dificultaría el abandono de nuestro país», indica el citado auto, que también valida la aclaración que hizo la defensa sobre el regreso a Mauritania de los otros dos hijos de la pareja. El abogado de los procesados, José Álvarez, explicó que habían sido trasladados para evitar los comentarios que estaban sufriendo en su entorno de Puerto Real.

Este letrado demostraba ayer una alegría contenida en los juzgados puertorrealeños, donde el matrimonio tuvo que acudir como cada semana hasta que se resuelva el recurso del Supremo. «Para mí es el triunfo del estado de derecho y este auto dice mucho de la Audiencia Provincial. No era de recibo condenar a la cárcel a una señora que aún no tiene una sentencia firme en su contra, sin antecedentes y sin haber tratado de esquivar la justicia desde el año 2007». Pero para este abogado de Sanlúcar, cuya minuta la está sufragando la Embajada mauritana, su «verdadera guerra» está en el Supremo: «Es ahí donde tengo depositadas todas mis energías».

En el caso del padre de la menor, Mohamed Ould Abdallahi, ha pesado para el tribunal que su pena es de un año y medio: «No es tan extensa para que le incite a darse a la fuga». Además, el tribunal recuerda que al carecer de antecedentes, si finalmente el Supremo confirma los 18 meses de prisión, podría beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena. Este argumento echa por tierra el planteamiento de la Fiscalía, que solicitó la cárcel para este mauritano porque en su recurso ante el Alto Tribunal ha pedido que también se le condene por maltrato habitual, lo que supondría un año más.

stubio@lavozdigital.es