La vicepresidenta Salgado da el primer paso para reanudar el diálogo social

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, da el primer paso para reanudar el diálogo social. Quiere conocer de forma directa las aspiraciones de las patronales y de los sindicatos. Ha citado a cada interlocutor por separado y sin la presencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata de un objetivo muy difícil de conseguir por las posturas antagónicas de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, que apuestan por una reforma profunda del mercado laboral respecto de los sindicatos CC OO y UGT, que reclaman protección económica para todos los desempleados sin prestación y se oponen a reestructuraciones que, en su opinión, suponen recortes de los derechos de los trabajadores.

Salgado desea, por otra parte, que el verdadero contenido de las cuatro entrevistas tenga carácter reservado. De ahí que pretenda que los únicos testigos de las reuniones sean los informadores gráficos. En esta ocasión se han suprimido las habituales comparecencias de los protagonistas tras los encuentros.

El primero en acudir a Economía y Hacienda será el secretario general de UGT, Cándido Méndez. La visita está prevista a las 11. Por la tarde, a las 19.30, irá al Ministerio, el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Ya al día siguiente, serán los presidentes de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y de CEPYME, Jesús Bárcenas, los que hablen con Salgado. El primero a las 17 horas y el segundo, a las 19. Se da la circunstancia de que todos ellos se encuentran con las manos más libres que hace meses porque han revalidado su cargo en los correspondientes congresos y asambleas.

Mientras tanto, Corbacho llama a los gobiernos autonómicos a que se impliquen en la protección económica y temporal de todos los parados. Insiste en que las políticas pasivas (competencia del Estado), es decir, la cobertura de desempleo en sus tres vertientes (contributiva, asistencial y renta activa de inserción) debe mantenerse tal cual, pero reconoce que es necesario ayudar a los desocupados sin ingresos y propone que sea vía salario social o renta social (responsabilidad de las comunidades) la nueva protección, cuya financiación tendría que ser discutida y acordada en una amplia mesa de negociación.