Competencia denuncia que la nueva ley de Puertos grava a consumidores y empresas

La reforma de la legislación por la que se rigen y financian los puertos de interés general sufre un traspié. La Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un informe muy crítico con el anteproyecto de ley que el Gobierno remitió a las Cortes el pasado 27 de marzo. Considera que la norma retrocede en la senda de la liberalización y advierte de que, si los usuarios de cada puerto se ven abocados a contratar unos servicios más caros, este sobrecoste deteriorará la competitividad de la producción española, a la vez que elevará el precio que pagan los consumidores finales de los bienes. En el recetario de reformas que insta el Banco de España para superar la crisis también figura la modernización del régimen de actividad portuaria.

La ley en vigor data de noviembre de 2003 y desde entonces el Ministerio se ha propuesto en dos ocasiones su modificación. Hay que adaptarla a la globalización del comercio internacional, la consolidación del mercado interior comunitario y los cambios tecnológicos y estratégicos en el sector del transporte marítimo. Pero la primera iniciativa decayó al término de la pasada legislatura, y esta segunda tropieza con el cambio de titular al frente de Fomento.

Aunque el nuevo responsable podría disponer la retirada del texto enviado a las cámaras, es práctica habitual que, en estos casos, se utilice el procedimiento de enmiendas durante el trámite parlamentario para introducir las modificaciones deseadas. A la Comisión Nacional de la Competencia le parece inadecuada la vuelta a la titularidad pública de los servicios portuarios, pues no encuentra las razones alegadas «suficientemente convincentes».

De acuerdo con el anteproyecto, aunque los puertos estarán indirectamente gestionados por operadores privados, la respectiva Autoridad Portuaria podrá prestar servicios cuando «por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada sea necesario garantizar una adecuada cobertura de las necesidades del servicio». Y no quedan suficientemente acotadas estas circunstancias. Pero, sobre todo, la CNC denuncia que la norma retrocede en la liberalización progresiva del servicio de manipulación de mercancías, reforma que considera imprescindible.

Tímidos avances

A su entender, el anteproyecto se carga los tímidos avances introducidos en la ley vigente, por la que sociedades de capital privado pueden ser proveedoras de mano de obra para las prestadoras del servicio. Ahora se pretende recuperar la figura de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba -de capital mayoritariamente público-.

El anteproyecto mantiene el régimen de exclusividad para las entidades que ponen los estibadores a disposición de los usuarios, así como el régimen laboral especial de estos trabajadores.

Competencia considera que el acceso a la profesión debiera producirse mediante la obtención de una titulación razonable y adecuada a su ejercicio, de manera independiente a la pertenencia a determinado tipo de sociedad. «Esta figura supone un elevado grado de distorsión competitiva y encarece significativamente los costes del servicio prestado», advierte el organismo regulador.

Finalmente, el anteproyecto incrementa la autonomía de las Autoridades Portuarias para financiarse, y plantea que las tasas se orienten a los costes.