DECLARACIÓN. Los dos funcionarios salieron en libertad con cargos y aseguran que son inocentes. / O. CHAMORRO
Ciudadanos

La Unidad de Delitos Financieros se hace cargo del desfase contable de San Fernando

Los abogados defensores esperan la apertura del secreto de sumario para iniciar las acciones contra el Ayuntamiento de La Isla por acusar a dos funcionarios

| SAN FERNANDO Actualizado: Guardar
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La Policía Nacional de San Fernando ya ha mandado toda la información que había recopilado en los registros realizados en las propiedades de María José Lebreros y Clemente Ruiz a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Financieros, adscrita a la Jefatura Superior de Sevilla. Ambos funcionarios del Ayuntamiento de La Isla están imputados por la desaparición de más de 468.000 euros de la Caja municipal.

Este grupo policial será el encargado de estudiar las distintas ramificaciones existentes tanto en los documentos requisados así como en los aportados por la Delegación de Economía y Hacienda. Una tarea ardua, pues se trata de seguir la pista del dinero y ver en realidad dónde ha ido a parar.

Una medida llevada a cabo ante la falta de un grupo de estas características en la provincia que se pueda ocupar de la gravedad de los delitos que se le imputan a los acusados. Además, se cuenta con la ventaja de su cercanía al tener su sede en Sevilla.

De esta manera, la investigación que se centrará en los recibos y pagos realizados por el Ayuntamiento de San Fernando en los últimos tres meses, periodo en el que se ha constatado la ausencia de casi medio millón de euros, siendo acusados los dos funcionarios responsables de la Caja.

Unos detenidos que ya han disfrutado de una semana completa con sus familiares y amigos y que estudian ahora con sus abogados la estrategia más conveniente para limpiar sus nombres, sobre todo ante la falta de pruebas y su posterior puesta en libertad con cargos pero sin fianza.

Sin embargo, ahora tendrán que pasar por el rasero de un grupo especializado precisamente en delitos económicos y capacitado para descubrir el supuesto modus operandi por el que desapareció el dinero sin que nadie se diera cuenta en los tres meses cuando, tal y como declararon los imputados ante la jueza instructora del caso, se anotaba diariamente lo que entraba y salía de la Caja, haciéndose un registro semanal e incluso mensual.

Una clave que debe encontrarse entre los 15 archivadores que reposan ahora en las dependencias policiales de la capital hispalense. Una abundante cantidad de documentación a la que se enfrentarán este grupo especial, al que puede acudir cualquier municipio andaluz ante la falta de unidades concretas para el estudio de tales delitos, de forma que la causa se puede retrasar aún más si se le da prioridad a otros casos.

Investigación

Los abogados defensores de los acusados tienen claro que iniciarán acciones legales contra el Ayuntamiento, sin embargo no realizarán ningún tipo de movimiento hasta que se produzca la apertura del secreto del sumario que pesa sobre la causa, algo que se espera que ocurra en un par de semanas.

Prefieren no ir a ciegas y esperar a ver las conclusiones que se pueden sacar de las investigaciones que está realizando la jueza instructora del caso, que no vio pruebas suficientes para que los imputados continuarán detenidos.

Desde el Consistorio ya se manifestó su disponibilidad para ayudar a que «los culpables acaben en prisión». Por el momento no se ha realizado ningún otro tipo de valoración ni por la entrada en el caso de la unidad especial, como se solicitó, ni por la puesta en libertad de los funcionarios y la posibilidad de un enfrentamiento judicial.

Tampoco ha realizado ninguna aclaración más al respecto de qué organismo fue el que dio la voz de alarma sobre el desfase contable detectado en la Caja Municipal y que por el momento tan sólo recoge los últimos tres meses del año. De hecho, otros de los informes que se espera con ansia es el que está realizando la Cámara de Cuentas ante la inspección de oficio realizada en el Ayuntamiento y en la que se analizaban los datos del año 2007. Precisamente, este documento es el que puede tener la llave para conocer hasta qué periodo se recoge el desfase contable e incluso puede ampliar el número de implicados, que hasta el momento tan sólo se reduce a los dos funcionarios isleños.

Un documento para el que habrá que esperar varios meses y que lo más probables es que vuelva a levantar el mar en clama que se está posicionando en torno al asunto a la espera de más avances en las investigaciones que se encuentran abiertas.

Porque a las anteriores hay que añadir la que está realizando el propio Consistorio en su intento por clarificar un suceso que saltó a la luz pública hace dos semanas precisamente por un comunicado del Ayuntamiento.