Cerco a los diputados manirrotos

El carrusel de parlamentarios británicos que han saltado a la prensa por haber abusado supuestamente del sistema de gastos empieza a ser tan largo que lo único que desean los implicados es que el desfile continúe. El público, de este modo, perdería la cuenta y olvidaría sus nombres. Aunque esta estrategia no le funcionará a la ministra de Interior. A Jacqui Smith se la relaciona con el alquiler de dos películas pornográficas. Y eso que las diez libras que le suponen al contribuyente es una minucia comparadas con las 116.000 libras (130.000 euros) en concepto de dietas por las que la titular de Interior ya tiene una investigación abierta. A todo le sigue la disculpa del abochornado marido ante las cámaras un domingo al mediodía: una imagen demasiado embarazosa como para borrarse de la memoria, aun poniendo todo el empeño.

Uno se puede sorprender de que el Partido Conservador no haya aprovechado la ocasión para afilar la lengua y sacarle aún más los colores a la ministra. Sin embargo, la publicación de los gastos de todos los diputados en julio invita a pensar que los británicos descubrirán más escabrosos detalles y que no serán únicamente los laboristas a los que se le subirán los colores.

Esta futura maniobra es el resultado de un largo proceso que se debe en parte a un fallo del regulador del acceso a la información en Reino Unido. Este órgano dio la razón en 2008 a activistas y a la cadena estatal BBC que, apoyándose en la ley para la libertad de información, exigieron la publicación de los gastos de 14 diputados, entre ellos los del primer ministro, Gordon Brown. Los británicos conocieron entonces que el 'premier', poco proclive a la pulcritud, palió su desorden reclamando casi 5.000 libras (5.500 euros ) en concepto de limpieza en 2005.

Estas dietas no constituyen ninguna ilegalidad, pero expusieron a los ojos del contribuyente la variedad de conceptos por los que los diputados reclaman sus gastos, desde la limpieza de ventanales a la compra de un televisor de pantalla plana. No obstante, fue un escándalo el que provocó que surgiera la atención pública sobre los desembolsos de los diputados.

Un miembro del Partido Conservador, Derek Conway, fue suspendido temporalmente en enero por emplear a su hijo, entonces universitario, como asistente parlamentario sin que llegase a realizar trabajo alguno. Desde entonces la desconfianza no ha parado de crecer; unas suspicacias que se han incrementado por un mayor conocimiento del sistema en sí, puesto que hasta hace un año no se sabía a ciencia cierta qué podían incluir los diputados como desembolsos ni en qué cantidad. De hecho, ni ellos mismos lo conocían: sometían sus gastos y eran aprobados o no.

Pero a raíz del 'caso Conway' ya se produjeron algunos cambios en un sistema en que los tres principales políticos son partidarios de revisar. Por ejemplo, se acordó que se debe presentar un recibo si la cantidad supera las 25 libras (algo menos de 30 euros), cuando antes no tenían que hacerlo hasta rebasar los 300 euros.

Goteo continuo

De todos formas, el goteo continuo de nuevas revelaciones está haciendo mella. Además se difunden algunos detalles que tocan lo ridículo -como el euro por un tapón de baño que la ministra de Interior también incluyó- en tiempos de recesión y penurias económicas no contribuyen precisamente a mejorar el concepto que los británicos tienen de sus diputados. Tanto es así que tal y como reflejaba un sondeo del periódico 'The Times' esta semana, su honorabilidad está en horas muy bajas: un 42% de los ciudadanos estima que la mayoría de los parlamentarios abusa del sistema de dietas, un 27% cree que todos los políticos se aprovechas de él, mientras que el 20% apunta que muchos lo hacen, aunque no la mayoría. Sólo un 8% opina que se trata de una cosa excepcional. Peor aún, el 56% apuesta por que se debe acabar con los gastos por la segunda vivienda sin que se les suba el sueldo para compensar.

Estas cifras han creado una preocupación creciente entre la clase política, que puede ser acusada de no haber reaccionado a una velocidad adecuada. El primer ministro pidió más rapidez a la comisión parlamentaria que debe proponer nuevas reformas, pero aún así no se espera que se hagan públicas hasta finales de año. Además su credibilidad se vio minada en julio cuando no compareció en la votación que de haber pasado hubiera restringido las normas del actual sistema considerablemente, y a la que se opusieron 33 cargos ministeriales.