Fiscalidad obligada

L a reunión del G 20 ampliado, celebrada en Londres el pasado 2 de abril, mostró su disposición a «adoptar medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales», en una declaración que proclamaba el final de «la era del secreto bancario» y que hacía suyo el informe de la OCDE identificando a los países que sortean los «estándares internacionales para el intercambio de información fiscal». El acuerdo adoptado en este punto exige de la colaboración activa entre los gobiernos que lo suscribieron; pero sobre todo precisa del compromiso de cada Administración concernida para evitar que bajo sus auspicios, a causa de su permisividad o de su indolencia, puedan desarrollarse espacios exentos de declarar ante el fisco e incluso impunes a la persecución del dinero obtenido con el tráfico de drogas, armas y seres humanos, o gracias a la economía sumergida que se extiende por el mundo en especial en tiempos de crisis. Conviene señalar que la persistencia de la opacidad se ve propiciada también por la facilidad que quienes se benefician de la evasión fiscal organizada encuentran a la hora de blanquear e integrar en la legalidad el dinero que han mantenido a salvo de la correspondiente hacienda pública. Para acabar con los paraísos fiscales resulta necesario que la comunidad internacional obligue a los países incluidos en la lista de la OCDE a cumplir con los estándares de la regulación convenida en cuanto a los flujos de capital. Pero es también importante que los propios miembros de la OCDE instauren medidas más eficaces de vigilancia y de penalización sobre el blanqueo. Entre otras razones porque, probablemente, el acoso de los países que se están viendo obligados a ingentes esfuerzos de estímulo financiero frente a la crisis podría, en otro caso, inducir la aparición de paraísos alternativos o de nuevas fórmulas financieras amparadas por determinados gobiernos con las que eludir la presión fiscal. Por otra parte, la existencia en los países de mayoría musulmana de todo un sistema económico paralelo al regulado legalmente representa una amplísima zona de sombra que afecta al conjunto del planeta, y ante la que hasta ahora no se ha expresado mucha más preocupación que la derivada de su posible utilización por las redes terroristas.