Italia implora ayuda y hace autocrítica

Hoy mismo se podría escribir la crónica de la siguiente tragedia natural que, estadísticamente, un día volverá a sufrir Italia. Puede ser otro terremoto, como sucede cada década, o por ejemplo, una erupción del Vesubio, en cuyas faldas viven un millón de personas de forma ilegal en zona prohibida. Ese día habrá lamentos por la inconsciencia, maldad o negligencia general de los políticos y constructores contra los propios vecinos, pero será tarde. Ya es tarde para los muertos del Abruzzo, 281 en el último balance de ayer, 20 de ellos niños, mientras se sucedían decenas de réplicas del seísmo. Pensar a largo plazo, y de forma colectiva, parece ajeno a la forma de ser de este país, admitía ayer en primera página el 'Corriere della Sera'. Tras la tragedia empieza la autocrítica. El jefe de Estado, Giorgio Napolitano, apuntó ayer a la causa profunda de la catástrofe. «Hace falta un examen de conciencia de los derrumbes, más allá del color político. Nadie está libre de culpa. Hay responsabilidades múltiples y normas de prevención que no se han aplicado», acusó en su visita a la zona.

Al margen de la calamidad ineluctable, en California o Japón son conscientes del riesgo de un terremoto y lo limitan en lo posible, pero en Italia se hace como si no existiera. Un estudio de la Universidad de Ferrara indica que un seísmo de 7 grados en los Apeninos, la zona del terremoto, causaría de 5.000 a 11.000 muertos y en Japón sólo 50. El del lunes fue de intensidad moderada y «en Japón ni habría salido en el periódico», ha dicho el autor del estudio, Alessandro Martelli, presidente de la Asociación Nacional de Ingenería Sísmica. Esta vulnerabilidad se debe al gran número de edificios históricos de Italia, pero sobre todo a que se construye sin ninguna medida de prevención y la primera ley que intentó imponerlas está bloqueada desde 2005. Aquí señaló ayer Napolitano: «Nadie debería cerrar los ojos, ni quien compra, ni quien construye, ni quien debe hacer controles».

La mayoría de los edificios hundidos en el terremoto con alto número de víctimas es de construcción moderna y es flagrante el caso de los centros públicos, todos inservibles. La Fiscalía de L'Aquila -que empieza a trabajar en un garaje- ya ha anunciado que investigará los derrumbes de estructuras de reciente construcción. Es otro trámite clásico de estos casos que nunca tienen fin. El derrumbe de la escuela de San Giuliano de Puglia en el seísmo de 2002, que causó la muerte de 27 niños y una maestra, sigue en los tribunales con dos sentencias: en la primera, todos absueltos; en la segunda, hace un mes, todos condenados. Queda otra.

Temor al abandono

«¡Silvio, ayúdanos, no tengo nada, ni siquiera dientes!», imploró una anciana a Berlusconi en su visita a la zona. «No se olviden de nosotros, presidente, no nos olviden», rogó ayer un anciano de Onna, el pueblo que simboliza la tragedia, a Napolitano. El temor de los damnificados al abandono, como ha ocurrido en anteriores terremotos, es patente. Por eso, lo primero que anuncian las autoridades en estos casos es que «el Estado está presente», obviedad que nadie diría en ningún país de Europa, pero sí en Italia porque, precisamente, muchos italianos dudan de su presencia. Sólo creen en los equipos de ayuda y los voluntarios, en total ya 11.600, que se dejan la piel.

Berlusconi se ha lanzado con su energía habitual a transmitir acción y compromiso, pero admite que la reconstrucción será larga y ayer avanzó que hará falta mucho dinero, «no un millardo (mil millones), sino varios». De momento, el Gobierno ha destinado 100 millones a la ayuda inmediata y dispondrá del fondo de emergencia de la UE. Ante la catástrofe son aún más difíciles de justificar los alegres despilfarros de la política italiana. Berlusconi se plantea unir a las elecciones europeas un referéndum incómodo sobre el sistema electoral que pensaba celebrar otro día, aunque eso costaba 460 millones de euros. Del mismo modo, es de agradecer que el Senado haya congelado sus gastos y elimine, por ejemplo, los 81.000 euros de peluquería de las senadoras. Un paquete de medidas aprobado ayer concederá un subsidio de 400 euros al mes a cada familia afectada por el terremoto, 500 a ancianos y discapacitados, y 800 a los empresarios. Luego llegará la inversión en reconstrucción, a menudo polémica porque se extravía. Se prevén 108 proyectos. «Rendiremos cuentas con total transparencia», aseguró Berlusconi.